Fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que la orden fue solicitada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Agencia de Seguridad Nacional de Investigaciones que desarrollan una gigantesca operación de rastreo al lavado de capitales.
Si bien un control similar existía con anterioridad para cualquier comerciante, solo operaba para transacciones superiores a 10.000 dólares. Pero ahora, está focalizada en 700 locales cuyos dueños deberán justificar ventas a Colombia a partir de 3.000 dólares.
Además de presentar un formulario oficial con las ventas, deberán identificar plenamente a sus compradores colombianos. Y quienes no cumplan, tendrán sanciones penales e incluso podrían ir presos.
Para rastrear los dineros, el ICE y la Agencia de Seguridad Nacional se asociaron con la Red contra Delitos Financieros y a la Oficina del Fiscal en Miami Dade.
Según Peter Edge, director de la Agencia de Seguridad, la focalización geográfica es una de las herramientas clave de lucha contra el lavado, a la hora de identificar y denunciar a las organizaciones criminales que utilizan instituciones financieras y empresas legales para el blanqueo de capitales.
El año pasado se aplicó la misma medida en Los Ángeles para desmantelar una organización criminal y produjo excelentes resultados.
Los comerciantes afectados con la medida serán notificados en los próximos días y empezarán a cumplir la orden a partir del 28 de abril.
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