Así lo estableció el Gobierno mediante el decreto que regula su uso.
La medida establece un marco regulatorio para restringir la utilización de celulares robados y generar obligaciones a los operadores móviles.
El Decreto 1630 de 2011 establece que la venta determinales móviles nuevos y usados en el país únicamente la podrán adelantar las personas autorizadas entre ellas los proveedores de redes y servicios; cualquier persona que los proveedores de redes y servicios autoricen y las que el Ministerio TIC igualmente autorice.
Según el decreto las personas autorizadas para la venta al público de terminales móviles deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995. Los equipos en venta deberán estar debidamente homologados de acuerdo lo establezca la Comisión de regulación de Comunicaciones (CRC).
Cuando se venda un equipo móvil, el vendedor deberá entregar al comprador los siguientes documentos: un certificado obtenido de la página web de la CRC, en el cual se constate que el terminal está homologado, la factura de venta que debe incluir el IMEI del equipo (un código internacional que identifica al teléfono en la red) y el certificado de garantía.
“Con esta medida no queremos restringir el libre mercado sino proteger la vida de los colombianos y frenar el derramamiento de sangre que se ha generado a través de los robos de los celulares. Quiero hacerle un llamado a los colombianos a que denuncien los robos porque a partir de ahí podemos enfrentar a los delincuentes”, señaló el ministro TIC, Diego Molano Vega.
Asimismo, la norma contempla la implementación de una base de datos negativa centralizada en la que se incluirán los celulares reportados como robados y extraviados a cada operador. En ella quedará consignado el número IMEI del aparato, es decir, la identificación que tiene cada equipo en la red y es única para cada terminal. La base de datos negativa será alimentada y actualizada por todos los operadores móviles celulares y estos deben garantizar su consulta en línea.
De igual manera se creará una base de datos positiva en la que se incluirán todos los celulares que hayan ingresado legalmente al país.
El decreto establece que los operadores cuentan con seis meses, a partir de la expedición de la regulación, para incluir en la base de datos positiva los IMEI de los equipos terminales móviles, así como el número de identificación de cada propietario de dichos equipos.
Así mismo, el Gobierno asegura que está gestionando que estas medidas tengan repercusión internacional. Adicionalmente, el Ministerio TIC adelanta gestiones con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la base de datos negativa sea tenida en cuenta por los países miembros y de esta manera se enfrente el tráfico irregular de terminales. Además, la iniciativa será llevada además a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Por su parte, la Asociación de la Industria Celular de Colombia ( ASOCEL) manifestó en un comunicado su colaboración en la adopción de estas medidas, reconociendo la importancia de la sinergia entre autoridades y operadores de telefonía móvil, que permite la alianza público – privada anunciada por el Ministro de las TIC, Diego Molano, en días pasados.
En el mismo sentido, la Asociación hace énfasis en que "los operadores cuentan desde hace cinco años con mecanismos activados entre sí, que les permiten intercambiar los datos de los teléfonos o equipos que han sido reportados como robados, haciendo controles sobre los mismos y evitando su activación o re-uso".
Además, “los operadores continuaremos ofreciendo a sus usuarios terminales con precios competitivos a través de nuestros canales de distribución autorizados”, asegura la asociación en el comunicado.
De otra parte, el organismo demanda mayor control de las fronteras, pues asegura que existe un mercado negro que “importa y exporta” los equipos robados para que éstos sean activados en otros mercados. En el mismo sentido pide mayor control y vigilancia en los puntos de venta que no sean “distribuidores autorizados de las compañías”, pues allí podría presentarse la venta ilegal de equipos.
Ley 232 de 1995
Ministerio de las TICs: Decreto 1630 de 2011
Cortesía: El Espectador + MinTIC
La medida establece un marco regulatorio para restringir la utilización de celulares robados y generar obligaciones a los operadores móviles.
El Decreto 1630 de 2011 establece que la venta determinales móviles nuevos y usados en el país únicamente la podrán adelantar las personas autorizadas entre ellas los proveedores de redes y servicios; cualquier persona que los proveedores de redes y servicios autoricen y las que el Ministerio TIC igualmente autorice.
Según el decreto las personas autorizadas para la venta al público de terminales móviles deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995. Los equipos en venta deberán estar debidamente homologados de acuerdo lo establezca la Comisión de regulación de Comunicaciones (CRC).
Cuando se venda un equipo móvil, el vendedor deberá entregar al comprador los siguientes documentos: un certificado obtenido de la página web de la CRC, en el cual se constate que el terminal está homologado, la factura de venta que debe incluir el IMEI del equipo (un código internacional que identifica al teléfono en la red) y el certificado de garantía.
“Con esta medida no queremos restringir el libre mercado sino proteger la vida de los colombianos y frenar el derramamiento de sangre que se ha generado a través de los robos de los celulares. Quiero hacerle un llamado a los colombianos a que denuncien los robos porque a partir de ahí podemos enfrentar a los delincuentes”, señaló el ministro TIC, Diego Molano Vega.
Asimismo, la norma contempla la implementación de una base de datos negativa centralizada en la que se incluirán los celulares reportados como robados y extraviados a cada operador. En ella quedará consignado el número IMEI del aparato, es decir, la identificación que tiene cada equipo en la red y es única para cada terminal. La base de datos negativa será alimentada y actualizada por todos los operadores móviles celulares y estos deben garantizar su consulta en línea.
De igual manera se creará una base de datos positiva en la que se incluirán todos los celulares que hayan ingresado legalmente al país.
El decreto establece que los operadores cuentan con seis meses, a partir de la expedición de la regulación, para incluir en la base de datos positiva los IMEI de los equipos terminales móviles, así como el número de identificación de cada propietario de dichos equipos.
Así mismo, el Gobierno asegura que está gestionando que estas medidas tengan repercusión internacional. Adicionalmente, el Ministerio TIC adelanta gestiones con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la base de datos negativa sea tenida en cuenta por los países miembros y de esta manera se enfrente el tráfico irregular de terminales. Además, la iniciativa será llevada además a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Por su parte, la Asociación de la Industria Celular de Colombia ( ASOCEL) manifestó en un comunicado su colaboración en la adopción de estas medidas, reconociendo la importancia de la sinergia entre autoridades y operadores de telefonía móvil, que permite la alianza público – privada anunciada por el Ministro de las TIC, Diego Molano, en días pasados.
En el mismo sentido, la Asociación hace énfasis en que "los operadores cuentan desde hace cinco años con mecanismos activados entre sí, que les permiten intercambiar los datos de los teléfonos o equipos que han sido reportados como robados, haciendo controles sobre los mismos y evitando su activación o re-uso".
Además, “los operadores continuaremos ofreciendo a sus usuarios terminales con precios competitivos a través de nuestros canales de distribución autorizados”, asegura la asociación en el comunicado.
De otra parte, el organismo demanda mayor control de las fronteras, pues asegura que existe un mercado negro que “importa y exporta” los equipos robados para que éstos sean activados en otros mercados. En el mismo sentido pide mayor control y vigilancia en los puntos de venta que no sean “distribuidores autorizados de las compañías”, pues allí podría presentarse la venta ilegal de equipos.
Ley 232 de 1995
Ministerio de las TICs: Decreto 1630 de 2011
Cortesía: El Espectador + MinTIC
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