El negocio de la venta de teléfonos celulares se partió en dos el pasado 1º de julio. Antes, como estaba configurado el mercado, los usuarios podían contratar un servicio que incluyera minutos y datos, mensajes de texto y hasta número de elegidos para hablar más. Y el equipo venía amarrado al plan. Su precio se difería y el cliente pagaba en una misma factura el servicio mensual y la cuota del aparato. Pero después del 1º de julio, cuando se eliminó la cláusula de permanencia, los operadores se enfocaron en lo suyo, vender planes, y los teléfonos sí que se volvieron un activo valioso.
Los usuarios celebraron, ya no tenían que ‘someterse’ a pagar un plan por un servicio que fallaba, que consideraban costoso y que, al final, no cumplía con sus expectativas, razones lógicas para cancelarlo. Pero se empezaron a quejar porque los precios de los equipos, aparentemente, se dispararon. Lo que sucedió, dicen en el sector, fue que el valor a pagar por cada teléfono se empezó a cobrar al 100%, ya no había una financiación ni ‘subsidio’ por parte de Claro, Movistar y Tigo, entre otros. Si usted quería estrenar, tenía que sacar sus ahorros o acudir a la tarjeta de crédito y pagar el interés más alto de financiación.
Por eso se tomó la decisión de buscar un estudio que mirara el nuevo escenario. De acuerdo con el documento conocido por El Espectador y llamado “Impacto desmonte cláusulas de permanencia”, hecho por el Área de Investigaciones Económicas de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Bogotá), los equipos en prepago, en promedio, costaban entre enero y julio de 2014 desde $189.000 hasta $1’913.795. En pospago, entre $8.000 y $1’600.000, con cargos fijos mensuales desde $30.000, dependiendo del plan, referencia y gama del equipo.
En el mismo período se vendieron alrededor de 26.000 equipos, “que representaron más de $6.000 millones. Se puede observar que entre los meses de enero a abril de 2014 el aporte al total de las ventas fue en promedio del 13%, en mayo se presentó un incremento al 19%”. Pero todo cambió para el mes de julio, cuando “el aporte disminuyó al 10%”. Y suelta una conclusión grave: “Durante el mes de julio, con el desmonte de las cláusulas de permanencia, las ventas de los equipos disminuyeron 40% frente al mismo mes del año 2013 y 43% frente a junio del presente año”.
Para sumar, las reposiciones realizadas en el séptimo mes fueron 53% menos que las realizadas en el mes de junio, detalla. Y “las transacciones (pago de equipos) disminuyeron 51% frente al mismo mes de 2013 y 47% contra el mes inmediatamente anterior”. La caída la confirman algunos grandes fabricantes del país, quienes hablan de “45% en las ventas”, aunque no lo dicen públicamente.
Incluso entre ellos mismos advierten que el más perjudicado ha sido Apple, pues los operadores tenían un porcentaje de subsidio más alto para esa marca. La razón: era la más buscada y, en la misma ruta, la más vendida. “El comportamiento de las ventas de los últimos meses era un escenario esperado. Estamos seguros de que en el corto y mediano plazo el mercado local retomará su ritmo e incluso la dinámica con los nuevos jugadores y las estrategias de los operadores se acelerará”, contó Tatiana Moscoso, gerente de marketing de LG Mobile Colombia.
Pero en otro gremio la visión preocupa aún más. Samuel Yohai, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), donde se cuentan no sólo operadores sino también fabricantes, distribuidores y algunos retailers, tiene una lectura de la situación: “Los teléfonos de gama alta se encarecieron. Dicen nuestras cifras que hay proveedores de tecnología y fabricantes que han visto una reducción de ventas entre 50% y 80%, y eso significa que los colombianos no tenemos los mejores precios en medio de una industria que cambia a diario”. A pesar de ello, “en Grupo Éxito lo que hemos identificado después de la regulación en las cláusulas de permanencia, es un incremento en la venta de equipos celulares libres”, detalla el conglomerado.
El equipo sí que se volvió un activo valioso. O por lo menos así lo siente la gente. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en lo que va corrido del año hay registradas 6.000 denuncias por robo de celulares en la capital del país. El problema es tan crítico que el alcalde Gustavo Petro le pidió al Gobierno Nacional que redacte una ley donde se contemple la extinción de dominio de establecimientos donde se comercialicen celulares hurtados, teniendo en cuenta que el viernes pasado la Policía logró la recuperación de más de 6.500 que habían sido robados. Además, presentaron ante la “Fiscalía una ‘Denuncia penal en averiguación de Responsables’ contra las compañías de celulares que operan en el país, para que sean las autoridades judiciales las que establezcan el grado de responsabilidad en la venta, distribución y comercialización de equipos hurtados o robados en la ciudad”.
Tanto gremios que representan a los distribuidores como a los mismos fabricantes dicen que han enviado cartas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que puso en vigencia la resolución, para que se estudie la posibilidad de reversar la decisión. Pero la CRC dejó claro que la medida ha sido un éxito y la defiende (leer entrevista adjunta). Mientras tanto, los que están haciendo su agosto son los ilegales. Yohai cuenta que “el contrabando está disparado. La gente va a los sanandresitos y está comprando los teléfonos allá”. Entonces, ¿quién tiene la razón?
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