1. Que el acuerdo aclare que serán penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años, aunque acepta que sea en “sitios alternativos como granjas agrícolas”.
2. Que el narcotráfico no sea calificado como delito político en ninguna circunstancia.
3. Que se reevalúe el papel del Tribunal Especial de Paz y sus facultades, pues para él sería mejor aplicarle a las Farc la Ley de Justicia, Paz y Reparación o, incluso, se podría crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia.
4. Evaluar los privilegios al partido de la Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares y los 140 mil presos.
5. Protección a los guerrilleros de las Farc que suspendan todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos.
6. Amnistía a guerrilleros rasos no incursos en delitos de lesa humanidad.
7. Ingresos a guerrilleros rasos que sean contratados para la destrucción remunerada de cultivos ilícitos.
8. Tramitar en el Congreso de la República una norma de alivio judicial para los soldados y policías con “alivio sin impunidad y sin igualarlos a las Farc”.
9. Privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.
10. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, darles presunción de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.
11. Los compromisos con la Farc deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, y sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
12. Los compromisos con Farc no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.
13. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.
Finalmente, Uribe pide que el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo no tenga el límite anunciado por el presidente Santos del 31 de octubre.
![r[A]pToR](https://cdn.laneros.net/data/avatars/m/321/321108.jpg?1447087871){kind=avatar}
