La imagen resultaba conmovedora. El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, se tomaba la cabeza a dos manos y, con el rostro descompuesto, recibía la notificación de la sanción más dura impuesta en la historia por la Procuraduría: destitución e inhabilidad por veinte años para ejercer cargos públicos. Aquel fallo, que dispuso simultáneamente la 'muerte política' para el ex congresista Germán Olano, está llamado a convertirse en un ícono en la lucha contra la corrupción porque fue tomado en una audiencia pública, de cara a una sociedad cada día más intolerante frente a un fenómeno que mengua los recursos fiscales y afecta la confianza del país en sus instituciones.
El procurador Alejandro Ordóñez tomó la decisión en la cresta de la crisis que afecta la contratación pública en Bogotá, donde hace ya un año las autoridades buscan identificar las piezas de un "carrusel" que parece haber convertido algunos de los negocios públicos de la ciudad en fuente de enriquecimiento para unos pocos.
Acostumbrados como están a que los escándalos sean flor de un día y reflejen pálidamente un problema con el que Colombia ha tenido que convivir, la opinión y los medios de comunicación no han hecho el escrutinio necesario para identificar la magnitud de un fenómeno que no parece haber cedido, pese a las catorce reformas al Código Penal en los últimos veinte años, a la expedición de más de cuarenta normas de reglamentación del Estatuto de la Contratación y a una decena de intentos del Estado por fortalecer el Estatuto Anticorrupción y depurar sus instrumentos de control fiscal.
La contratación sigue siendo el flanco más débil en la defensa del patrimonio público. Su vulnerabilidad no se advierte exclusivamente en Bogotá; afecta en similar medida otras capitales y entidades territoriales que administran los mayores presupuestos públicos.
Estas son las historias protagonizadas por funcionarios que, de manera consciente o por obra de la negligencia, han permitido que la contratación siga siendo el coto de caza en el que la presa más codiciada es el patrimonio público.
Silencio comprado
A comienzos de 2010, Diego Otoya Gerdts, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe S.A.), se sentía sitiado por el Concejo de Cartagena que miraba con lupa la contratación de la entidad y decidió entonces hacer todo lo posible por evitar un debate de control político del que seguramente habría salido mal librado.
Otoya buscó a Marco Antonio Guete, representante legal de Construcciones del Caribe Ltda., y uno de los contratistas más reconocidos del departamento, para pedirle que le ayudara a conseguir el dinero que necesitaba para cancelar el debate. Guete adujo un problema de liquidez pero lo puso en contacto con Rafael Borré, ex gerente de la Industria de Licores, quien podría darle un préstamo.
Al día siguiente, los tres se reunieron en el centro comercial Caribe Plaza. El video de una cámara de seguridad instalada en el área de comidas los muestra hablando en una mesa del local 'Patacón con todo'. Una grabación hecha de viva voz por Borré, ya en manos de las autoridades, recoge su versión de lo que pasó. Guete le pidió prestados $40 millones que habría que pagarle al promotor del debate y le dijo que había que ayudarle a Otoya porque él no tenía el sustento necesario para defenderse de los cuestionamientos que le harían en la sesión del Concejo. (escuche el audio y vea más documentos en www.dinero.com).
Borré pidió garantías de respaldo al préstamo y Guete, uno de los contratistas privilegiados de Edurbe, le extendió dos cheques personales posfechados, cada uno por $20 millones. Por increíble que parezca, la justicia supo del incidente, no en desarrollo de una investigación por corrupción, sino como consecuencia de una denuncia por estafa presentada por el prestamista ante el incumplimiento parcial de la obligación.
El entonces gerente de Edurbe logró el aplazamiento del debate y consiguió mantenerse unos meses más en el cargo. En tan solo nueve meses, Otoya había manejado, vía convenios administrativos y sin atender los requerimientos del Estatuto de la Contratación, negocios por $46.090 millones. Varios de los contratos se concentraban en un círculo estrecho, como ha ocurrido con los 'carruseles' que están siendo denunciados en las administraciones de Bogotá, Cali y el departamento de Antioquia.
Finalmente, el director del organismo prefirió renunciar y procurarse una salida digna. Anunció que se iría a Medellín a ejecutar un contrato que se habían ganado con su hermano Pedro Otoya para instalar un programa para el conteo de votos en las elecciones para Congreso y Presidente de la República en 2010. Hoy, asegura que existe un grupo de detractores de oficio que buscan torcerle el cuello a la verdad para hacerle daño a la aspiración de Luis Guillermo Otoya, otro de sus hermanos, de llegar a la Alcaldía de Cartagena por los movimientos 1815 y Por una nueva Cartagena, los mismos que llevaron a la actual alcaldesa al cargo.
"Yo no dudo -le dijo Otoya a Dinero- que exista un video que me muestre en alguna reunión con los señores Guete y Borré, pero eso por sí solo no significa nada porque yo me reunía con mucha gente". Según él, la denuncia presentada por Borré ante la Fiscalía se encuentra en vías de conciliación. Sin embargo, expertos consultados dijeron que eso quiere decir que Otoya reconoce la existencia de la deuda de la que habla Borré, el hombre que prestó el dinero para acallar el debate.
La salida de Otoya del cargo le dio apenas una solución de continuidad al problema. El Edurbe, que maneja el 30% de los recursos de inversión de la administración distrital de Cartagena, ha conservado un amplio margen de liberalidad en el manejo de los convenios interadministrativos. Hasta el 31 de enero, estos sumaban un poco más de $77.000 millones en las áreas de educación, salud, infraestructura vial y programas sociales como los hogares múltiples (ver facsímile).
El contratista Marco Guete concentraría una buena parte de los negocios. En algunos casos, su empresa aparece de manera nominal y, en otros, tiene injerencia en ellos a través de terceras personas. Estimativos hechos por los organismos de control consideran que su injerencia en los negocios abarca cerca de $32.000 millones. También han recibido informes según los cuales periódicamente él se reúne con otros contratistas en su finca próxima al Club Campestre para acordar con ellos montos de participación, anticipos y comisiones. Un contratista que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato contó que en esa finca, situada en la zona de Puente Huenda, cerca de Turbaco, se hacen periódicamente "cortes de cuentas".
Guete anunció a través de su secretaria que respondería las llamadas de Dinero, pero hasta el cierre de esta edición no lo había hecho.
"Existen dos o tres contratistas ricos, algunos familiares de altos funcionarios distritales, que compran los contratos por debajo de la mesa y que son quienes entregan los dineros de manera anticipada a aquellas personas que hacen del poder y de las influencias una forma de vida", advierte el empresario William Mourra Babum, representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Bolívar, en una carta enviada el 25 de febrero a Augusto Mainero, actual director de Edurbe.
La Alcaldesa Judith Pinedo explica que hasta el día en que Otoya renunció a su cargo con el anuncio de que se acogería a una mejor opción laboral, ella no tenía motivo para dudar de su conducta. "Si yo me hubiera enterado de la existencia de la grabación que ustedes me mencionan, habría sido la primera en levantar una polvareda". Observa que Otoya fue el segundo director del organismo y que llegó al cargo por una terna enviada a la junta directiva. Según la información de sus colaboradores, Guette aparece oficialmente en dos contratos: uno, suscrito entre el municipio de Arroyo Hondo y Edurbe y otro, que data de 2007, entre Invías y Edurbe para la adecuación de unas vías en Hatillo de Loba.
Mourra, para quien la alcaldesa Pinedo ha demostrado buena fe pero ha sido traicionada por algunos de sus colaboradores, le ha hecho seguimiento permanente a los temas de contratación y ha apoyado el trabajo de las comisiones investigativas de los órganos de control enviadas desde Bogotá. Además del control excepcional a Edurbe, los equipos de fiscalización harán también seguimientos a los contratos y proyectos relacionados con el sistema de transporte masivo Transcaribe, uno de cuyos responsables, la firma H.H. Arquitectura, de Javier Hadad, ha mostrado retrasos, incumplimientos y problemas de liquidez pero se encuentra a salvo de acciones de caducidad.
Allí mismo, la licitación para el recaudo es rondada por grupos en los que tienen intereses personas mencionadas dentro del 'carrusel' de Bogotá, como Julio Gómez y Emilio Tapia. También tienen en la mira el contrato del corredor de acceso rápido a la Variante de Cartagena, firmado con el consorcio Gercón Ltda., Álvarez y Collins S.A. y KMC Ingenieros Ltda. La administración ha accedido a la firma de 17 otrosíes a través de los cuales se les han incluido obras "adicionales", cuyo objeto no siempre está relacionado con el negocio inicial.
¿Con amigos y en familia?
En Cali, el impacto fiscal generado por problemas de contratación suscita una preocupación similar. El alcalde Jorge Iván Ospina, cuya elección fue entendida como un plebiscito a favor de la depuración en las prácticas asociadas al manejo financiero y presupuestal de la ciudad, se encuentra en trance de responderle a la Procuraduría por irregularidades en 12 contratos interadministrativos y enfrenta quince procesos entre indagaciones e investigaciones formales.
Hace pocas semanas, el procurador delegado para la moralidad pública, Fabio Yezid Castellanos Herrera, encontró méritos para establecer su responsabilidad disciplinaria por falta de claridad y transparencia en el manejo de proyectos de renovación urbana y en obras de infraestructura en las avenidas Colombia y Roosevelt y en el Plan 21 Megaobras.
No obstante, al margen de las formalidades de la investigaciones disciplinarias, Dinero encontró evidencia de que allí podría estar presentándose una especie de carrusel monoplaza, en el que cerca de 40% de la contratación se concentra en cabeza de Juan Bedoya, uno de los mejores amigos de Ospina.
Sus brazos abarcan negocios que van desde buena parte del Plan 21 Megaobras, pasan por la prolongación de la avenida Circunvalar y la ampliación de la Vía al Mar y alcanza la mayoría de los trabajos para la red vial arterial.
Amistades, personalidades y afinidades de negocios han cobrado la forma de espectros que rondan algunos de los más importantes negocios públicos de la ciudad. La ingeniera Marcela Patiño Castaño, esposa del alcalde y Gestora Social del municipio, no niega que ha tenido sociedades con miembros del consorcio Construcciones Maja, que ha ejecutado contratos de obras para la mitigación de riesgos de derrumbe en la zona aledaña al edificio Monterrosa del barrio Juanambú para obras de mejoramiento del estadio Pascual Guerrero y para el control del talud de la Avenida de los Cerros.
Por todas estas razones, las figuras más importantes del gabinete del alcalde Ospina se encuentran bajo investigación. Según un expediente con el radicado IUS-2009-373085 de la Procuraduría, están formalmente vinculados a procesos disciplinarios Marco Aníbal Zambrano Olarte, secretario de Infraestructura y Valorización y secretario de Vivienda Social; Argemiro Cortés Buitrago, secretario de Cultura y Turismo; Mariluz Zuluaga Santamaría, secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, y José Marulanda Arbeláez, director administrativo de Planeación.
A través de sus asesores, el alcalde le anunció a Dinero que próximamente, cuando se reponga del todo de algunos quebrantos de salud, responderá con absoluta tranquilidad por todas y cada una de sus decisiones en cualquier escenario. Según miembros de su equipo, la mayoría de las denuncias tienen un "sustrato infamante" y provienen de sus malquerientes políticos, entre ellos el ex congresista y empresario radial Humberto Pava Camelo. Pava dijo recientemente, y lo reiteró ante la revista, que además de los negocios con amigos y familiares suyos y de su esposa, hay indicios de que el Alcalde maneja cuentas millonarias en el exterior.
"El estado de cosas en Cali es inquietante. Las 21 megaobras aprobadas por el Concejo se han reducido en la práctica a ocho y carecen de estudios y diseños. La administración apeló a cobros de valorización para ajustar costos por más de $800.000 millones y, al hacerlo, no solo desconoció el procedimiento legal para fijar tributos, sino ignoró que los caleños ya pagaron sus impuestos de valorización", asegura la abogada y ex procuradora Alicia Osorio, reconocida veedora cívica.
Negocio público, ley privada
Un analista de Transparencia Internacional que estudia el fenómeno de los carruseles de la contratación, figura usada para hacer esguinces a la legislación contractual colombiana, se declara preocupado frente a lo que encontró en la administración departamental de Antioquia. Allí, la gobernación y la Contraloría hicieron en 2008 causa común para crear un instituto que, según la exposición que respaldó su creación, manejaría los negocios públicos bajo la égida del rigor técnico y la transparencia en el gasto.
Le dieron el nombre de Fundación para el Buen Gobierno y la dotaron de unos estatutos según los cuales se regiría por el derecho privado. Sin embargo, estaría vinculada a la gobernación y adscrita funcionalmente al órgano de control fiscal. Sus oficinas fueron habilitadas en el sexto piso del edificio de la gobernación y su gerente sería Hugo Mario Zuluaga, quien tendría la doble condición de representante legal de la fundación y de secretario privado del gobernador.
La Junta Directiva estaría integrada, entre otros, por personas afectas al movimiento Alas Equipo Colombia, del mismo del gobernador Luis Alfredo Ramos. Uno de ellos, Jaime Hernando Jaramillo, fungió en la práctica como miembro del equipo de debate del gobernador. Otro, Luis Norberto Guerra, recibió también el encargo de manejar la fiducia que administra los recursos públicos del departamento.
Aunque surgió como una iniciativa liderada por el propio gobernador Ramos para enfrentar la corrupción, el modelo de funcionamiento de la Fundación, en el camino, se habría desviado en sus límites legales y éticos. Desde su creación ha manejado, por vía interadministrativa, contratos que llegan a los $1,5 billones, sin las "trabas" que suponen las licitaciones y sin la "camisa de fuerza" del Estatuto de la Contratación. Tiene un perfil dual: es pública a la hora de manejar recursos destinados a obras de infraestructura, por ejemplo, pero privada al momento de escoger a los contratistas y de manejar los recursos aprobados en cada operación.
El 70% de los contratos se concentra en un reducido grupo de personas y empresas. Si se hiciera un ranking, este estaría encabezado por Álvaro, Jairo y Bernardo Ossa y por las empresas Conasfaltos, Ingevías, Mainco, Provías y Chamad Ingenieros.
La lista de proveedores y contratistas ya está en poder de una misión especial enviada por la Contraloría para verificar denuncias según las cuales los beneficiarios de los contratos son firmas, consorcios y uniones temporales que tienen el denominador común de estar integradas por amigos y personas afectas de tiempo atrás al grupo político Alas Equipo Colombia.
La Contraloría General de la República decidió ejercer el poder preferente para marginar de las investigaciones, que ya empezaron, al contralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro. Su independencia ha sido puesta en tela de juicio.
El ex congresista Ramón Elejalde, autor de algunos de los principales cuestionamientos, le dijo a Dinero que tiene abundantes pruebas sobre la manera como opera el que llamó "un juego del botellón", que consiste en que a los procesos de contratación siempre acuden las mismas empresas que, aparentemente, se pelean entre sí pero que se rotan matemáticamente las adjudicaciones. Mencionó, entre otras, a las firmas Trainco, Explanan, Ing. y Contratos y a Luis Fernando Hoyos. Según representantes gremiales, Humberto Moncada, considerado la mano derecha del mandatario, y Jorge León Sánchez, ex viceministro de Protección Social, llevan allí las riendas de la contratación.
Uno de los contratos que más ha llamado la atención es el de la pavimentación de la vía San Jerónimo-San Pedro de los Milagros. Un rastreo de la contratación en la web permite encontrar cambios que generan por lo menos suspicacias. Al cabo de 18 días de entrada en ejecución, bajó la cantidad de obra contratada, subieron los valores de los contratos.
Cristina Meza, secretaria de Infraestructura, en quien el gobernador ha delegado las responsabilidades centrales de la contratación, dijo que la administración le entregó en febrero pasado a una comisión especial de la Contraloría todos los documentos que demuestran que los procesos de contratación no admiten tacha. "La administración mira con seriedad y respeto cualquier cuestionamiento, pero no podemos pasar por alto que este es un año político en el que las críticas son estimuladas por intereses no siempre claros", asegura.
Por ahora no está dicha la última palabra. El gobernador Ramos recibió, de manos de dirigentes del sector empresarial antioqueño, un dossier sobre el manejo de la contratación que podría comprometer a algunos de sus colaboradores más cercanos. Ramos se comprometió a estudiarlo y a tomar medidas de fondo en caso de que se encuentre que algunos de ellos estén al servicio de intereses oscuros.
Por lo pronto, los contratos cuestionados en Cartagena, Cali y en el departamento de Antioquia valen más de $2 billones, cifra comparable a la mitad de las adiciones presupuestales del Gobierno para atender la emergencia invernal.
El modelo del carrusel no es, como pudiera creerse, un invento patentado por Bogotá. Las recientes destituciones del contralor de la capital, Miguel Ángel Moralesrussi, y del ex congresista Germán Olano por el cobro de comisiones sobre el contrato público, han hecho que el país se pregunte hasta qué punto estas prácticas han permeado las administraciones de las entidades territoriales, en un Estado que tiene 54 normas concebidas para combatir la corrupción.
El hecho concreto es que los carruseles giran mientras en el Congreso parece empantanarse en una reforma al Estatuto Anticorrupción que, al menos en teoría, busca proponer soluciones de orden estructural a un problema que en el último lustro le costó al país, de acuerdo con cálculos de los organismos de control, más de $8 billones.
Los alcaldes de Cartagena y Cali, Judith Pinedo y Jorge Iván Ospina, respectivamente, y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, tienen algo en común: fueron elegidos como símbolos de la depuración en las costumbres políticas.
Como ocurre en Bogotá, en Cartagena la alegada iliquidez de los contratistas es el argumento que explica retrasos y daños en las principales obras.
Fuente
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