Celulares robados no servirán ni aquí, ni fuera de Colombia.
Hasta el viernes, la Policía había capturado este año a 945 personas por hurto de celular en Bogotá
Decreto establece una base de datos de los equipos hurtados que, además, deben ser bloqueados.
Las empresas de telefonía móvil, que en medio de las discusiones con el Gobierno sobre el decreto para inutilizar los celulares robados se habían resistido a asumir el costo de la base de datos general de los móviles existentes, finalmente aceptaron hacer las inversiones necesarias para la base de datos negativa, es decir, la que tiene los seriales y detalles de los aparatos hurtados.
Con los fabricantes, compartirán la responsabilidad de la base de datos positiva, esto es, la que contiene teléfonos que pueden ser activados.
Así está estipulado en el proyecto de decreto para contrarrestar las redes que trafican con los celulares robados y, de paso, las muertes que ocurren en medio de los atracos. (Vea aquí la muerte del sacerdote víctima de un robo de celular).
El decreto ya está en manos de la Presidencia de la República, pero este jueves habría otra reunión de la alianza público-privada sobre el tema.
Y según le dijo a EL TIEMPO el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, como es un hecho que buena parte de estos aparatos son vendidos en otros países, esta semana pidieron a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) -organismo de la OEA- que tenga en cuenta la base de datos para que impida el comercio de los móviles ilegales en otras naciones.
Incluso, las empresas de telefonía comenzaron a compartirla con países de la región.
El tema, además, será llevado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Hoy en día, Comcel, Movistar y Tigo tienen bases de datos de los teléfonos que les reportan como robados y tienen un sistema para compartir la información. La diferencia con lo que ocurrirá a partir del decreto es que la base será una sola.
Juan Carlos Acosta, presidente de Tigo Colombia, admite que las medidas que se tomarán a partir del decreto que las compañías de celulares trabajaron con los ministerios del Interior, Defensa y Tecnologías de la Información, no erradicarán del todo los hurtos, pero dejarán claras reglas comunes para los operadores a la hora de hacer negocios.
Eso sí, advierte, el mayor inconveniente será con los usuarios de equipos prepagos -el 80 por ciento del mercado-, porque no reportan el robo de los aparatos.
En cambio, prácticamente el ciento por ciento de los clientes con planes pospago denuncian los robos para que la SIM y el equipo sean bloqueados, para poder hacer la reposición y evitar pagos mientras no tienen el servicio.
Acosta afirma que en todo caso los operadores van a contribuir con las medidas del Gobierno, pues admiten que el robo de celulares "se convirtió en problema social".
El Ministro de Tecnologías de la Información también advierte que las medidas del decreto deben estarse actualizando, para evitar que sean burladas por las redes del tráfico ilegal.
De hecho, destaca la importancia del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana -que ayer tenía su último debate en el Congreso- como complemento en la lucha contra este delito. El proyecto, entre otras cosas, convierte en delito la reprogramación de celulares.
Un punto clave serán las medidas que tome el Gobierno para penalizar el robo de celulares, que hoy es excarcelable.
Hasta 8 años de cárcel por abrir bandas de celulares
Para hoy está previsto el último debate en el Congreso del proyecto de estatuto de Seguridad Ciudadana que incluye dos artículos claves contra el robo de celulares: la obligación de los operadores para bloquear todo aparato hurtado, y una pena de entre 6 y 8 años para quien manipule equipos para burlar bases de datos de celulares robados y bases de teléfonos legales.
El representante a la Cámara Alfredo Deluque, coordinador de ponentes de la iniciativa, explica que la idea es evitar que quien se robe un aparato lo lleve a un técnico para que le abra las bandas y le altere el número de identificación. De esta manera los delincuentes o quienes les compran los celulares suelen activarlos en otras redes.
Capturados por robo tendrían que ver con crimen de mensajero
La Policía investiga si tres capturados este martes en el norte de Bogotá luego de que le quitaron dos celulares a un ganadero son los mimos que asesinaron hace dos semanas a un mensajero de Servientrega por quitarle el teléfono cuando iba por la calle 26 con avenida 68.
Los tres delincuentes fueron detenidos al mediodía de ayer poco después de que apuñalaron a un ganadero cuando se subía su vehículo, en la carrera 15 con calle 110. Le provocaron heridas en la espalda y una pierna y le arrebataron dos celulares y una cartera con dinero.
Gracias a la información de la comunidad los policías del cuadrante 30 de Usaquén iniciaron la persecución y los detuvieron.
Fueron alcanzados en la calle 109A con carrera 17. Al mismo tiempo, unos uniformados llevaron al ganadero herido hasta la Fundación Santa Fe, donde anoche era atendido.
Las autoridades confirmaron que el paciente está fuera de peligro.
A los tres miembros de la banda les incautaron seis celulares y tres armas blancas, una de las cuales tenía rastros de sangre.
Según el coronel Diego Hernández, comandante operativo número uno de la Policía Metropolitana de Bogotá, están haciendo los cotejos del caso con el álbum fotográfico y van a buscar testimonios de testigos para saber si es la misma banda comprometida en el crimen del mensajero.
En el mismo cruce donde fue asesinado él, delincuentes dieron muerte el pasado jueves al padre Gustavo García, capellán de la Universidad Minuto de Dios, aparentemente por el hurto de su Blackberry.
Por este caso aún no hay capturas. Hasta el pasado viernes, la Policía capturó este año a 945 personas por hurto de celular en Bogotá, aunque sólo 40 de ellas permanecen en centros carcelarios. También se habían recuperado 2.933 celulares, producto de 30 allanamientos y de la desarticulación de seis bandas delincuenciales.
Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/celulares-robados-no-serviran_9379465-4
Decreto establece una base de datos de los equipos hurtados que, además, deben ser bloqueados.
Las empresas de telefonía móvil, que en medio de las discusiones con el Gobierno sobre el decreto para inutilizar los celulares robados se habían resistido a asumir el costo de la base de datos general de los móviles existentes, finalmente aceptaron hacer las inversiones necesarias para la base de datos negativa, es decir, la que tiene los seriales y detalles de los aparatos hurtados.
Con los fabricantes, compartirán la responsabilidad de la base de datos positiva, esto es, la que contiene teléfonos que pueden ser activados.
Así está estipulado en el proyecto de decreto para contrarrestar las redes que trafican con los celulares robados y, de paso, las muertes que ocurren en medio de los atracos. (Vea aquí la muerte del sacerdote víctima de un robo de celular).
El decreto ya está en manos de la Presidencia de la República, pero este jueves habría otra reunión de la alianza público-privada sobre el tema.
Y según le dijo a EL TIEMPO el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, como es un hecho que buena parte de estos aparatos son vendidos en otros países, esta semana pidieron a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) -organismo de la OEA- que tenga en cuenta la base de datos para que impida el comercio de los móviles ilegales en otras naciones.
Incluso, las empresas de telefonía comenzaron a compartirla con países de la región.
El tema, además, será llevado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Hoy en día, Comcel, Movistar y Tigo tienen bases de datos de los teléfonos que les reportan como robados y tienen un sistema para compartir la información. La diferencia con lo que ocurrirá a partir del decreto es que la base será una sola.
Juan Carlos Acosta, presidente de Tigo Colombia, admite que las medidas que se tomarán a partir del decreto que las compañías de celulares trabajaron con los ministerios del Interior, Defensa y Tecnologías de la Información, no erradicarán del todo los hurtos, pero dejarán claras reglas comunes para los operadores a la hora de hacer negocios.
Eso sí, advierte, el mayor inconveniente será con los usuarios de equipos prepagos -el 80 por ciento del mercado-, porque no reportan el robo de los aparatos.
En cambio, prácticamente el ciento por ciento de los clientes con planes pospago denuncian los robos para que la SIM y el equipo sean bloqueados, para poder hacer la reposición y evitar pagos mientras no tienen el servicio.
Acosta afirma que en todo caso los operadores van a contribuir con las medidas del Gobierno, pues admiten que el robo de celulares "se convirtió en problema social".
El Ministro de Tecnologías de la Información también advierte que las medidas del decreto deben estarse actualizando, para evitar que sean burladas por las redes del tráfico ilegal.
De hecho, destaca la importancia del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana -que ayer tenía su último debate en el Congreso- como complemento en la lucha contra este delito. El proyecto, entre otras cosas, convierte en delito la reprogramación de celulares.
Un punto clave serán las medidas que tome el Gobierno para penalizar el robo de celulares, que hoy es excarcelable.
Hasta 8 años de cárcel por abrir bandas de celulares
Para hoy está previsto el último debate en el Congreso del proyecto de estatuto de Seguridad Ciudadana que incluye dos artículos claves contra el robo de celulares: la obligación de los operadores para bloquear todo aparato hurtado, y una pena de entre 6 y 8 años para quien manipule equipos para burlar bases de datos de celulares robados y bases de teléfonos legales.
El representante a la Cámara Alfredo Deluque, coordinador de ponentes de la iniciativa, explica que la idea es evitar que quien se robe un aparato lo lleve a un técnico para que le abra las bandas y le altere el número de identificación. De esta manera los delincuentes o quienes les compran los celulares suelen activarlos en otras redes.
Capturados por robo tendrían que ver con crimen de mensajero
La Policía investiga si tres capturados este martes en el norte de Bogotá luego de que le quitaron dos celulares a un ganadero son los mimos que asesinaron hace dos semanas a un mensajero de Servientrega por quitarle el teléfono cuando iba por la calle 26 con avenida 68.
Los tres delincuentes fueron detenidos al mediodía de ayer poco después de que apuñalaron a un ganadero cuando se subía su vehículo, en la carrera 15 con calle 110. Le provocaron heridas en la espalda y una pierna y le arrebataron dos celulares y una cartera con dinero.
Gracias a la información de la comunidad los policías del cuadrante 30 de Usaquén iniciaron la persecución y los detuvieron.
Fueron alcanzados en la calle 109A con carrera 17. Al mismo tiempo, unos uniformados llevaron al ganadero herido hasta la Fundación Santa Fe, donde anoche era atendido.
Las autoridades confirmaron que el paciente está fuera de peligro.
A los tres miembros de la banda les incautaron seis celulares y tres armas blancas, una de las cuales tenía rastros de sangre.
Según el coronel Diego Hernández, comandante operativo número uno de la Policía Metropolitana de Bogotá, están haciendo los cotejos del caso con el álbum fotográfico y van a buscar testimonios de testigos para saber si es la misma banda comprometida en el crimen del mensajero.
En el mismo cruce donde fue asesinado él, delincuentes dieron muerte el pasado jueves al padre Gustavo García, capellán de la Universidad Minuto de Dios, aparentemente por el hurto de su Blackberry.
Por este caso aún no hay capturas. Hasta el pasado viernes, la Policía capturó este año a 945 personas por hurto de celular en Bogotá, aunque sólo 40 de ellas permanecen en centros carcelarios. También se habían recuperado 2.933 celulares, producto de 30 allanamientos y de la desarticulación de seis bandas delincuenciales.
Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/celulares-robados-no-serviran_9379465-4
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