Los operadores perderían su licencia de explotación de LTE por prestar el servicio sin garantizar la competencia de los entrantes.
En los primeros días de diciembre de 2013 el mercado colombiano asistió a un hito en materia de telecomunicaciones: tanto Movistar como Tigo le presentaron al país su nuevo servicio de 4G (o LTE), una nueva tecnología que permite navegar más rápido por internet y descargar contenidos en menos tiempo.
Su gran ventaja frente a Une, el pionero en este campo, fue ofrecerla dentro de los planes de telefonía móvil, una cualidad que explotaron en su publicidad durante los meses siguientes, mientras los consumidores se preguntaban por qué Claro, el jugador dominante de la industria, no había utilizado la misma táctica.
Esa respuesta comenzó a esclarecerse al inicio de esta semana, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) les abrió pliego de cargos a Movistar, Tigo y ETB por ofrecer su nuevo servicio de LTE incumpliendo normativas del sector, que los obligaban a prestarle el servicio de roaming nacional (la conexión a sus redes de infraestructura) a los operadores entrantes, para este caso Avantel y Directv.
Su decisión está consignada en las resoluciones 063 y 064 del 27 de enero de 2014 (ver facsímil), con las cuales abre investigación contra los implicados por la presunta omisión de la ley 1341 de 2009 y de varias resoluciones expedidas por el Ministerio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), según las cuales ningún operador establecido podía ofrecer servicios de LTE sin antes garantizar a los entrantes al acceso al roaming automático.
Se trata de una condición vital para asegurar, por un lado, la masificación del servicio y la conectividad en todo el territorio, lo que a su vez le permitiría al Gobierno cumplir su meta de 8,8 millones de accesos de internet de banda ancha para este año.
“Es una medida limitada, por el lapso de cinco años con precios regulados, para acelerar la comercialización de los servicios de los operadores entrantes. De esa forma podrán acceder a zonas del territorio donde aún no cuentan con infraestructura propia, a través de la modalidad de un operador móvil virtual, como lo son hoy en día Uff! Móvil y Virgin Mobile”, explica José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom Group.
Esa fue, también, una de las principales garantías con las cuales el Estado llevó a buen puerto la subasta 4G, la asignación de 190 megahertz de espectro radioeléctrico para que seis compañías ampliaran la oferta de servicios LTE en el país fomentando la competencia. El proceso finalizó en junio del año pasado y le dejó al Estado ingresos superiores a los $770.000 millones.
“Gracias a ese tipo de medidas en favor de la competencia hemos capitalizado nuestra compañía y nos hemos abierto a nuevos socios. Desde agosto hemos solicitado a Claro, Movistar y Tigo la firma de un convenio de acceso a sus redes, pero ante la imposibilidad de lograrlo y al ver que ya ha lanzado su servicio sin cumplir con este requisito, procedimos a denunciarlos”, comenta Jorge Andrés Palacio, presidente de Avantel.
La queja fue interpuesta el 10 de diciembre de 2013 ante el Ministerio y en ella, además de dejar constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo, se exige la prestación inmediata del servicio, la imposición de una multa equivalente a 500 salarios mínimos por cada día en que Avantel no pueda ofrecer servicios de LTE (en conjunto, más de $31.400 millones) y la suspensión del permiso de explotación de los espacios concedidos a estas empresas para explotar la nueva tecnología (se ha incluido a ETB porque, para el tiempo de la subasta, se unió a Tigo para competir).
“Es una falta grave que amerita esa decisión y está consignada en la resolución 449 de 2013, que regula la implementación del servicio de 4G”, dice Palacio, quien asegura que su compañía inició un proceso de capitalización por US$250 millones para participar en este proceso: “Este es el día en que no contamos con un producto comercial por falta de acuerdos de roaming”.
Desde la otra orilla, los afectados esperan conocer la apertura de cargos para tomar una posición definitiva. Mientras, Claro se mantiene a la espera de esta disputa. Eso sí, el contador sigue corriendo.
FUENTE
En los primeros días de diciembre de 2013 el mercado colombiano asistió a un hito en materia de telecomunicaciones: tanto Movistar como Tigo le presentaron al país su nuevo servicio de 4G (o LTE), una nueva tecnología que permite navegar más rápido por internet y descargar contenidos en menos tiempo.
Su gran ventaja frente a Une, el pionero en este campo, fue ofrecerla dentro de los planes de telefonía móvil, una cualidad que explotaron en su publicidad durante los meses siguientes, mientras los consumidores se preguntaban por qué Claro, el jugador dominante de la industria, no había utilizado la misma táctica.
Esa respuesta comenzó a esclarecerse al inicio de esta semana, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) les abrió pliego de cargos a Movistar, Tigo y ETB por ofrecer su nuevo servicio de LTE incumpliendo normativas del sector, que los obligaban a prestarle el servicio de roaming nacional (la conexión a sus redes de infraestructura) a los operadores entrantes, para este caso Avantel y Directv.
Su decisión está consignada en las resoluciones 063 y 064 del 27 de enero de 2014 (ver facsímil), con las cuales abre investigación contra los implicados por la presunta omisión de la ley 1341 de 2009 y de varias resoluciones expedidas por el Ministerio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), según las cuales ningún operador establecido podía ofrecer servicios de LTE sin antes garantizar a los entrantes al acceso al roaming automático.
Se trata de una condición vital para asegurar, por un lado, la masificación del servicio y la conectividad en todo el territorio, lo que a su vez le permitiría al Gobierno cumplir su meta de 8,8 millones de accesos de internet de banda ancha para este año.
“Es una medida limitada, por el lapso de cinco años con precios regulados, para acelerar la comercialización de los servicios de los operadores entrantes. De esa forma podrán acceder a zonas del territorio donde aún no cuentan con infraestructura propia, a través de la modalidad de un operador móvil virtual, como lo son hoy en día Uff! Móvil y Virgin Mobile”, explica José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom Group.
Esa fue, también, una de las principales garantías con las cuales el Estado llevó a buen puerto la subasta 4G, la asignación de 190 megahertz de espectro radioeléctrico para que seis compañías ampliaran la oferta de servicios LTE en el país fomentando la competencia. El proceso finalizó en junio del año pasado y le dejó al Estado ingresos superiores a los $770.000 millones.
“Gracias a ese tipo de medidas en favor de la competencia hemos capitalizado nuestra compañía y nos hemos abierto a nuevos socios. Desde agosto hemos solicitado a Claro, Movistar y Tigo la firma de un convenio de acceso a sus redes, pero ante la imposibilidad de lograrlo y al ver que ya ha lanzado su servicio sin cumplir con este requisito, procedimos a denunciarlos”, comenta Jorge Andrés Palacio, presidente de Avantel.
La queja fue interpuesta el 10 de diciembre de 2013 ante el Ministerio y en ella, además de dejar constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo, se exige la prestación inmediata del servicio, la imposición de una multa equivalente a 500 salarios mínimos por cada día en que Avantel no pueda ofrecer servicios de LTE (en conjunto, más de $31.400 millones) y la suspensión del permiso de explotación de los espacios concedidos a estas empresas para explotar la nueva tecnología (se ha incluido a ETB porque, para el tiempo de la subasta, se unió a Tigo para competir).
“Es una falta grave que amerita esa decisión y está consignada en la resolución 449 de 2013, que regula la implementación del servicio de 4G”, dice Palacio, quien asegura que su compañía inició un proceso de capitalización por US$250 millones para participar en este proceso: “Este es el día en que no contamos con un producto comercial por falta de acuerdos de roaming”.
Desde la otra orilla, los afectados esperan conocer la apertura de cargos para tomar una posición definitiva. Mientras, Claro se mantiene a la espera de esta disputa. Eso sí, el contador sigue corriendo.
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