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Luego que cientos de miles de personas salieran a protestar el pasado 6 de marzo contra los crímenes del paramilitarismo y del estado colombiano (a pesar de la oposición del gobierno y de las amenazas de los paracos), los mismos responsables de dichos crímenes han asesinado a cuatro líderes sociales, han atentado contra la vida de organizadores de la marcha y de defensores de los derechos humanos, y han amenazado de muerte a civiles del común que participaron en la marcha repudiando la guerra en Colombia.
Debido a las afirmaciones tan ligeras como irresponsables del más cercano asesor presidencial colombiano, que llegó a satanizar la marcha señalando de guerrilleros a sus organizadores en un claro acto de incitación a la violencia contra los participantes de la marcha, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales, y los organizadores de la marcha del pasado 6 de marzo han iniciado la recolección de firmas para pedir la destitución del cerebro y máximo ideólogo del uribismo.
Aunque no asistí ni a la marcha del 4 de febrero ni a la del 6 de marzo por parecerme que dichas marchas sólo sirven para polarizar aún más al país (lo que se necesita es un movimiento civil de claro rechazo a la guerra en Colombia, que exija a todos los actores de la misma una solución negociada y la inmediata liberación de todos los secuestrados), estoy en completo acuerdo con que los señalamientos de José Obdulio Gaviria enardecieron los ánimos contra los manifestantes, polarizaron aún más la opinión pública, y legitimaron las acciones violentas contra los organizadores y los participantes de la marcha.
Por ello, apoyo la salida definitiva de José Obdulio Gaviria del círculo del presidente Uribe, y ojalá, su muerte política, amén de las acciones legales a las que hubiere lugar por calumnia y por incitación a la violencia.
Todo aquel que quiera apoyar el derecho de petición de destitución de José Obdulio Gaviria, debe enviar un correo a fm_cepeda@yahoo.fr con su nombre completo y número de cédula para adjuntar esos datos a los firmantes del documento.
Cuatro líderes sociales han muerto después de la marcha del 6M (fuente: El Espectador, 14 Marzo 2008)
La destitución de José Obdulio Gaviria (fuente: El Espectador - 14 Marzo 2008)
ONGs colombianas denuncian 4 asesinatos (fuente: agencia EFE - 14 de Marzo del 2008)
Idioteces cometidas impunemente (fuente: El Tiempo)
Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad (fuente: Movice - febrero 19 2008)
Debido a las afirmaciones tan ligeras como irresponsables del más cercano asesor presidencial colombiano, que llegó a satanizar la marcha señalando de guerrilleros a sus organizadores en un claro acto de incitación a la violencia contra los participantes de la marcha, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales, y los organizadores de la marcha del pasado 6 de marzo han iniciado la recolección de firmas para pedir la destitución del cerebro y máximo ideólogo del uribismo.
Aunque no asistí ni a la marcha del 4 de febrero ni a la del 6 de marzo por parecerme que dichas marchas sólo sirven para polarizar aún más al país (lo que se necesita es un movimiento civil de claro rechazo a la guerra en Colombia, que exija a todos los actores de la misma una solución negociada y la inmediata liberación de todos los secuestrados), estoy en completo acuerdo con que los señalamientos de José Obdulio Gaviria enardecieron los ánimos contra los manifestantes, polarizaron aún más la opinión pública, y legitimaron las acciones violentas contra los organizadores y los participantes de la marcha.
Por ello, apoyo la salida definitiva de José Obdulio Gaviria del círculo del presidente Uribe, y ojalá, su muerte política, amén de las acciones legales a las que hubiere lugar por calumnia y por incitación a la violencia.
Todo aquel que quiera apoyar el derecho de petición de destitución de José Obdulio Gaviria, debe enviar un correo a fm_cepeda@yahoo.fr con su nombre completo y número de cédula para adjuntar esos datos a los firmantes del documento.
Cuatro líderes sociales han muerto después de la marcha del 6M (fuente: El Espectador, 14 Marzo 2008)
Las organizaciones de DD.HH. denunciaron la muerte de cuatro líderes sociales y las amenazas contra 31 más, después de la marcha del 6 de marzo, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, el desplazamiento y los crímenes de Estado.
Las graves denuncias presentadas por las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia, reflejan la situación a la que se ven enfrentados los líderes sociales en el país.
Según Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, las amenazas provienen de los grupos paramilitares que se han reagrupado con el nombre de "Águilas Negras".
El más reciente de los crímenes fue el de Carlos Burbano, quien lideró la organización de la marcha del 6 de marzo en San Vicente del Caguán; él desapareció tres días después de la marcha. Fue encontrado muerto en el basurero municipal, con la cara desfigurada por ácido y claros signos de tortura.
Las otras personas asesinadas son Carmen Cecilia Carvajal Ramirez, en el municipio de Ocaña; Leonidas Gómez Rozo, en Bogotá y Gildardo Antonio Gómez, en Antioquia.
Los líderes sociales señalaron al asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, de generar un "ambiente de violencia". De acuerdo con Iván Cepeda, antes de las declaraciones del 10 de febrero, cuando Gaviria calificó de guerrilleros a los organizadores de la marcha del 6M, no se había registrado ninguna amenaza. "Estamos cansados de los señalamientos"; reiteró el defensor de DD.HH.
Por esta razón, una de las medidas que van a tomar los dirigentes sociales es la solicitud formal a través de un derecho de petición para que sea destituido de su cargo José Obdulio Gaviria.
"No es posible que ocurran asesinatos contra gente que protege a las víctimas y que en sí mismas son victimas, más cuando estaban organizando un gesto pacifico", comentó Cepeda.
Además del derecho de petición, fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por las amenazas, y se iniciará una estrategia internacional para que se eviten más crímenes. Éstas incluirán una solicitud formal ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, que está en periodo de sesiones en Washington, y el caso se dará conocer también a la Relatora Especial de Defensa de DD.HH. de la ONU y la Alta Comisionada para los DD.HH., cuya sede está en Ginebra.
Los amenazados reiteraron que no van a descansar en el mensaje para que se dejen de hacer señalamientos a los líderes sociales y se aparte el pensamiento de que tienen alguna relación con la guerrilla.
Las intimidaciones han llegado a las organizaciones sociales a través de correos electrónicos y en esos textos no sólo amenazan a los 31 lideres, sino que declaran objetivo militar a diferentes tipos de organizaciones.
Uno de los amenazados, Rigoberto Jiménez, miembro de la Coordinación General de Desplazados y uno de los organizadores de la marcha que partió desde Flandes, Tolima, relató que durante todo el recorrido los líderes del grupo fueron intimidados e incluso después de que su marcha se unió con la de Bogotá, varios de sus compañeros fueron amenazados directamente en el municipio de Soacha. Denunció además que después de la marcha han sido retiradas las medidas de seguridad para 15 de los líderes de desplazados en el país, entre ellos él mismo.
La destitución de José Obdulio Gaviria (fuente: El Espectador - 14 Marzo 2008)
Por Iván Cepeda Castro:
El siguiente derecho de petición lo radicaré en los próximos días, acompañado de las firmas de las personas y organizaciones que quieran suscribirlo.
Señor Presidente de la República, los ciudadanos y organizaciones abajo firmantes, haciendo uso de nuestro derecho constitucional de dirigirnos a las autoridades haciendo peticiones respetuosas, queremos solicitarle la destitución de su consejero José Obdulio Gaviria.
Como es de su conocimiento, el pasado 6 de marzo cientos de miles de personas participaron en actos en 102 ciudades de Colombia y del mundo, en solidaridad con las víctimas de los paramilitares y de los crímenes de Estado. Mediante un comunicado público, el Gobierno señaló que no respaldaba esta convocatoria, pero que ofrecía garantías para llevar a cabo los actos programados. No obstante, el señor Gaviria hizo declaraciones públicas en las que afirmaba que ni Usted ni él participarían en una marcha “convocada por las Farc”. A pesar de que los organizadores de los actos del 6 de marzo solicitamos que se desmintieran oficialmente estas calumniosas aseveraciones, ningún vocero del Gobierno lo hizo.
Esta situación generó un ambiente de creciente inseguridad. El 11 de febrero de 2008, al día siguiente de las declaraciones del señor Gaviria, se dio a conocer un pronunciamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia en el que también se afirmaba que la marcha era instigada por la guerrilla. El 13 de febrero aparecieron en Nariño amenazas contra las asociaciones promotoras de la jornada. El 28 de febrero, individuos dispararon contra el apartamento de Adriana González, organizadora de la manifestación en Pereira.
Después de los actos del 6 de marzo, en una semana cuatro líderes sindicales han sido asesinados. El 9 de marzo fue desaparecido Carlos Burbano, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios en San Vicente del Caguán y quien había liderado la organización del acto del 6 en esa localidad. Su cadáver fue hallado en el basurero municipal con el rostro desfigurado con ácido. En el Caquetá, muchos de los preparativos para el 6 se vieron frustrados luego de que el general Óscar Naranjo afirmó en una rueda de prensa que había sido encontrado un volante en el que las Farc invitaban a las manifestaciones en ese departamento.
El general Naranjo hizo ese anuncio sin aclarar que las organizaciones que habíamos impulsado la iniciativa condenamos las convocatorias paralelas de grupos armados. Mujeres que desde el Caquetá iban a tomar parte en la Marcha Nacional de los Desplazados, decidieron no venir por temor a los efectos del anuncio oficial. Luego de la marcha de los desplazados, fue amenazado uno de sus coordinadores, Libardo Pedrozo. El pasado 12 de marzo, llegaron amenazas contra 28 defensores de derechos humanos y un conjunto de organizaciones sociales. Están firmadas por un grupo que se hace llamar Águilas Negras, que anuncia que “será implacable” con quienes invitaron a las manifestaciones del 6 de marzo.
Todas estas circunstancias demuestran la continuidad de la acción siniestra de las estructuras paramilitares, y también de quienes ejecutan crímenes de Estado. Su reacción violenta obedece al masivo repudio ciudadano que recibieron el 6 de marzo. Pero además esta situación compromete la responsabilidad del Gobierno. Las declaraciones que hizo José Obdulio Gaviria generaron un ambiente propicio para la violencia que ya ha cobrado la vida de cuatro sindicalistas. Contra él instauraremos acciones judiciales. Pero además le solicitamos a Usted, señor Presidente, que lo destituya: la incitación a la violencia es un grave delito.
ONGs colombianas denuncian 4 asesinatos (fuente: agencia EFE - 14 de Marzo del 2008)
Organizaciones sociales y políticas colombianas ligadas a la marcha contra la violencia del pasado 6 de marzo denunciaron este viernes el asesinato de cuatro sindicalistas, además de hostigamientos y amenazas a sus integrantes, y reclamaron la destitución de un consejero presidencial.
"Hemos acordado que las organizaciones que preparamos el 6 de marzo vamos a presentarle al presidente de la República un derecho de petición en el cual le solicitamos, respetuosamente, que renuncie el consejero presidencial José Obdulio Gaviria", informó este viernes Iván Cepeda, portavoz de esos movimientos.
Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las marchas contra la violencia de paramilitares y del Estado, denunció las muertes de los sindicalistas Leónidas Gómez Rozo, Carlos Burbano, Antonio Pedrozo y Gildardo Gómez Alfate.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha señalado que este año han sido asesinados en Colombia 10 líderes sindicales, y estos cuatro lo fueron entre el 4 y el 12 de marzo.
Según el líder de Movice, "la responsabilidad de estos hechos tan graves recae, en primer lugar en la persona del consejero presidencial (Gaviria) al afirmar que la convocatoria (de la marcha del 6 de marzo) era de las FARC", la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El gobierno "no rectificó estas afirmaciones pese a la insistencia nuestra", y ante ello, presentamos a Uribe esa acción "tendente a buscar la destitución del consejero presidencial", añadió Cepeda.
Denunció, asimismo, que el 12 de marzo recibieron por correo electrónico amenazas (a varias organizaciones) de un grupo que "se hace llamar 'Águilas Negras, bloque metropolitano de Bogotá'".
Las intimidaciones, precisó, "traían una lista de 28 personas, en su mayoría mujeres, 17 en total, todas defensoras de derechos humanos, y en las amenazas se dice que ese grupo será 'implacable' con las personas que organizaron la marcha del 6 de marzo".
Las amenazas no solamente fueron dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también a medios de comunicación como la revista Semana, señaló el líder de Movice.
Indicó que las mismas organizaciones han previsto, además, "acciones de carácter internacional que tienen que ver con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Cidh)".
Iván Cepeda reveló que van a solicitar "para esas personas amenazadas medidas de protección cautelar" del organismo interamericano.
La misma denuncia, agregó, fue elevada ante la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.
También, agregó, se solicitará ante esas instancias internacionales que exijan al Estado colombiano que adopte mecanismos para desmantelar grupos paramilitares.
"Es muy difícil asegurar que no existen grupos paramilitares después de la lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos", subrayó Cepeda.
Adicionalmente, en Colombia, concluyó, se ha presentado una acción penal en la Fiscalía y se están preparando otras acciones de carácter penal y algunos recursos y denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.
Idioteces cometidas impunemente (fuente: El Tiempo)
por Daniel Samper Pizano.
Una de las perspectivas que más aterra de un tercer período presidencial de Álvaro Uribe es la consolidación del régimen de impunidad política que cobija a sus altos colaboradores.
Decía Chateaubriand: "Hay tiempos en que una pequeña falta hace caer a un ministro; hay otros en los que las mayores idioteces se cometen impunemente." Ni que don René hubiera vivido estos tiempos de Colombia, en los cuales el jefe del Estado interpreta la popularidad como licencia para amparar a los funcionarios que cometen errores e idioteces.
La lista es gorda.
Resulta inexplicable, por ejemplo, que continúe tan orondo al frente del Ministerio del Interior y Gobierno quien prácticamente justificó el linchamiento verbal -que habría podido ser físico- de Piedad Córdoba, a la que deben ofrecer las autoridades la protección que garantizan las normas constitucionales. Lejos de hacerlo, el ministro Carlos Holguín señaló: "Cuando uno expresa opiniones como las de la senadora Córdoba contra su país y contra el Gobierno, naturalmente alguien reacciona para manifestar su repudio". Extendida semejante licencia de cacería, de nada valen posteriores y tibias admoniciones sobre los derechos de la señora Córdoba. En cualquier país serio, esa misma tarde el Ministro habría renunciado o lo habrían destituido. Pero no en este. Aquí, "las mayores idioteces se cometen impunemente".
Ni qué decir de Juan Manuel Santos, que, siendo jefe de la campaña reelectoral uribista, acusó al político liberal Rafael Pardo de tener vínculos con las Farc. Sindicación tan peligrosa y falsa fue premiada con el Ministerio de Defensa. (Bueno: Uribe mismo suele hacer lo mismo con sus opositores de izquierda). Una vez allí, ha incurrido en otras metidas de pata: los "falsos positivos", la revelación de un decomiso de coca en cantidades inexactas ("por culipronto"), los ostensibles movimientos para comprar armas en momentos en que parecían justificar las alocadas alarmas bélicas de Chávez... Pero Uribe solo le tolera todo.
En los últimos tiempos, el ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, incurrió en dos estrepitosas metidas de pata. Primero, la licitación de Eldorado, convocada para un proyecto tan precario que el propio Uribe tuvo que salir a rectificarlo. La enmienda, con la licitación ya adjudicada, costará un dineral al Estado. Segundo, el túnel de La Línea, una obra tan mal manejada, que acaba de fracasar su tercera licitación. El Ministro continúa, sin embargo, fresco cual jazmín y rosario en mano, porque en este Gobierno "las mayores idioteces se cometen impunemente".
Las más recientes corresponden a un especialista en salidas en falso, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. No solo hizo gala de la más primitiva terquedad al presentar al Congreso un proyecto de Ley Forestal jurídicamente viciado desde sus comienzos (tumbado por la judicatura), sino que destinó a contratistas e industriales particulares 17.000 hectáreas de los Llanos asignadas a desplazados de la violencia. ¿Cómo puede este Ministro seguir mirando al mundo con pedante desdén después de semejantes barbaridades?
Ante fallos tan graves, otros resultan incluso divertidos, como la propuesta del vicepresidente Pacho Santos de atrapar, capturar y meter en la cárcel al alcalde de Maracaibo (Venezuela) por apoyar a las Farc. Menos graciosa es la afirmación del comandante de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla, cuando dijo públicamente que la actitud de la mamá de Íngrid Betancourt constituye el mayor obstáculo para liberarla. Se equivoca, por supuesto: ese obstáculo son las Farc.
Lo más protuberante de las últimas horas ha sido una declaración del asesor presidencial José Obdulio Gaviria según la cual la marcha del 6 de marzo contra los paramilitares fue convocada por las Farc. Semejante atrocidad merece renuncia, pero el mentor del Presidente está vinculado por contrato con un tercero, ya que en la uribocracia de elástica duración, "las mayores idioteces se cometen impunemente".
Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad (fuente: Movice - febrero 19 2008)
En días pasados hemos conocido a través de la radio colombiana que el asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, ha indicado respecto al acto de homenaje a las Víctimas, convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para el próximo 6 de marzo, que este ha sido convocado por las FARC EP y rechaza que en Colombia no existen Crímenes de Estado.
Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad , iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, como un mecanismo de escucha de las propuestas de afirmación del Derecho a la memoria y a la verdad, así como de reconocimiento a las iniciativas de reparación integral, manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la apreciación del asesor, que parece expresar el pensamiento del Presidente.
En desarrollo de nuestras funciones como integrante de la Comisión Ética de la Verdad , desde hace un año, nos hemos dirigido a diversas regiones de Colombia. Allí hemos escuchado, y hemos sido en ocasiones también testigos de las secuelas, que las técnicas y los métodos usados por las Fuerzas Militares, entre ellas la estrategia paramilitar, han generado en personas, familias, comunidades, pueblos por la consumación de Crímenes que lesionan los principios básicos de humanidad. Bajo un mismo patrón de actuación se ha aniquilado, se ha destruido y se ha perseguido a habitantes y sus proyectos de vida para imponer un modelo de sociedad, de relaciones económicas, ambientales y territoriales en lo que se hace evidente la responsabilidad del Estado.
Dicho patrón de actuación se ha pretendido legitimar en la Doctrina de la Seguridad Nacional que concibe a los civiles como enemigos, que percibe las expresiones sociales de reivindicación de derechos como “guerrilleras”, y que alecciona a la sociedad y la culpabiliza por la presencia de la guerrilla en sus Territorios.
Parte de esa Doctrina se expresa hoy en las apreciaciones de altas esferas del gobierno sobre el Acto de homenaje a las Víctimas En segundo lugar, los convocantes de este Acto de Homenaje a las Víctimas ha sido el Movimiento Nacional de Victimas, que aglutina a diversas expresiones de familiares de desaparecidos forzados, de torturados, de desplazados forzosos, de ejecutados, de indígenas, de afrocolombianos, de mestizos, de sindicalistas, de exiliados, de ciudadanos y ciudadanas, de defensores de derechos humanos.
El uso o distorsión por parte de terceros de su convocatoria no es responsabilidad del Movimiento Nacional de Victimas. Sus voceros han rechazado públicamente su tergiversación por terceros. Ellas y ellos han insistido, han afirmado que se trata de un Acto de dignificación y de Homenaje a las Víctimas.
Reiteramos nuestra preocupación por la vida e integridad personal de los integrantes del Movimiento Nacional de Victimas, que desde el comienzo de su expresión como organización de las familias de las víctimas y de la sociedad civil ha sido objeto de intimidaciones, amenazas, falsa acusaciones, desprestigio y crímenes de algunos de sus integrantes. Hoy en ese escenario de descalificación oficial no rectificada, personas y organizaciones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado han recibido intimidaciones, amenazas de muerte por parte de estructuras paramilitares. Asimismo, la animadversión de ciudadanos contra el Acto de Homenaje se ha sustentado en esas apreciaciones de personas vinculadas con el gobierno, lo que requiere una rectificación, como medio efectivo de garantía y de protección.
Invitamos a la humanidad a acercarse a conocer, a permitirse ser sensible frente a estas Víctimas que han sido, casi sistemáticamente desconocidas, aisladas, silenciadas, a quienes se les ha negado la posibilidad de ser reconocidas socialmente. Luego de encontrarse con esta otra realidad, que refleja las profundas contradicciones de la democracia colombiana, a actuar en solidaridad y en consonancia con esa realidad el próximo 6 de marzo. Participación como Homenaje a los más de 60 mil víctimas de Crímenes de Estado, los más de 4 millones de desplazados y despojados de más de 6 millones de hectáreas de tierra, las más de 1500 fosas comunes, los cerca de 1000 ejecutados extrajudicialmente desde el 2002 hasta enero de 2008, y por el Acuerdo Humanitario para lograr la libertad de los retenidos y secuestrados por las guerrillas.
A los periodistas de los medios de información los apelamos a actuar en libertad de conciencia, asumiendo una actitud razonable y de respeto a los códigos deontológicos en los aspectos referentes a la responsabilidad social, a la imparcialidad y a la confrontación de fuentes respecto a lo que significa el derecho a la memoria y a la Verdad que poseen las víctimas de Crímenes de Estado.
La realización de una información democrática es una condición de respeto y de dignificación a las víctimas, presupuesto básico del derecho a la memoria punto de partida para la Verdad , la Justicia , la Reparación Integral y la No Repetición. Creemos que solamente de este modo es posible enfrentar el olvido construcción del poder que cimienta un provenir de destrucción, de involución y de negación de la democracia.
Suscriben integrantes de la Comisión Ética de la Verdad Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil, MST Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina Francois Houtart, Centre Tricontinental, Bélgica Enrique Nuñez, Comisión Etica contra la Tortura-Chile Asociación Comunitaria Universitaria Santo Tomás de Aquino, Madrid-España Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nurnbirg, Alemania Liz Deligio, School of the Americas Watch, SOAW, Usa Charity Ryerson, School of the Americas Watch, SOAW, Usa Miguel Alvarez, Verapaz, Comisión de Paz de México Carlos Fazio, profesor Universitario Unam, escritor Gilberto López Y Rivas, Profesor Universitario UNAM Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la memoria histórica de Mérida, España Coalición de los Pobres, Usa