http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-363566-senadores-laserna-y-robledo-solicitan-contralora-moLos senadores Juan Mario Laserna y Jorge Enrique Robledo le enviaron una carta a la contralora Sandra Morelli para “que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales analice detalladamente la subasta” del espectro electromagnético para la prestación de servicios de internet de alta velocidad, conocida como tecnología de cuarta generación, 4G.
Los congresistas exponen “que si no se promueve la entrada de nuevos jugadores y por el contrario se reparte el espectro entre los actuales establecidos, no solo se perpetuará la actual concentración, sino más importante aún, se consolida el monopolio de Comcel-Claro, lo cual se traduce en efectos nefastos para la economía en términos de acceso a menores precios y mejor calidad de los servicios. Permitir que el actor dominante del mercado concentre mayor cantidad de un bien público escaso como lo es el espectro electromagnético fomentaría su uso ineficiente y va en contravía de la disposición constitucional que establece que el Estado debe “evitar las prácticas monopolísticas” en su uso.”
El siguiente es el texto de la carta:
Respetada señora Contralora:
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se alista a realizar la subasta del espectro para la prestación de servicios de internet de alta velocidad, conocida como tecnología de cuarta generación, 4G. Esta será la subasta de espectro más grande en la historia del país y definirá el futuro del mercado de telecomunicaciones.
En Colombia existen tres operadores celulares que concentran el 99% del mercado, donde COMCEL-Claro tiene un 65% de cuota de mercado y controla el 80% del tráfico de telefonía celular, lo que lo convierte en un quasi-monopolio privado. Esta situación, por ejemplo, hacer que sus márgenes de utilidad sobrepasen con creces el promedio de la industria tanto en Colombia como en el resto de América Latina. Dado su enorme poder de mercado, COMCEL-Claro fue declarado como tenedor de posición dominante en 2008 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
En México, la dueña de COMCEL-Claro tiene un porcentaje de participación en telefonía celular equivalente al que tiene en Colombia, por lo que también fue declarada dominante. Un estudio de la OECD de comienzos de este año, internacionalmente publicitado como el informe Gurría, estimó que entre los años 2005 y 2009 la falta de competencia en el sistema de telecomunicaciones mexicano tuvo un costo en el bienestar social de los mexicanos de 1,8% del PIB por año, para un total de US129.200 millones de dólares para ese periodo.
La pérdida de bienestar social de 1.8% del PIB anual se distribuye así:
-0,9% del PIB por la telefonía fija y
-0,7% por telefonía móvil y
-0,3% por banda ancha.
Quizás más importante, la pérdida en el bienestar social se descompone en:
-52% a cobros excesivos a usuarios actuales
-48% por subscripciones no realizadas.[1]
El estudio indica que la falta de competencia generó bajos niveles de inversión, baja calidad de servicios y altas tarifas para los consumidores, lo que a su vez redujo la entrada de usuarios.
Los suscritos senadores queremos manifestar la enorme preocupación que tenemos frente al proceso de subasta de 4G y el efecto que puede tener la entrega de espectro adicional a los jugadores existentes en un mercado con altos índices de concentración y falta de competencia. Creemos, señora contralora, que si no se promueve la entrada de nuevos jugadores y por el contrario se reparte el espectro entre los actuales establecidos, no solo se perpetuará la actual concentración, sino más importante aún, se consolida el monopolio de Comcel-Claro, lo cual se traduce en efectos nefastos para la economía en términos de acceso a menores precios y mejor calidad de los servicios. Permitir que el actor dominante del mercado concentre mayor cantidad de un bien público escaso como lo es el espectro electromagnético fomentaría su uso ineficiente y va en contravía de la disposición constitucional que establece que el Estado debe “evitar las prácticas monopolísticas” en su uso.
Solo a través de un estudio detallado se puede estimar cuantos consumidores han dejado de ingresar al sistema por la posición dominante de COMCEL-Claro en Colombia. Vale la pena recordar que en 2003, producto del ingreso de un nuevo operador (Ola, hoy Tigo), las tarifas por minuto en el mercado de la telefonía móvil tuvieron una significativa caída, pasaron de $1.800 en 1998 a $200 en 2005. Y en el caso de México, la mitad en la pérdida de bienestar social estaba asociada a un menor número de usuarios por la posición dominante de esa empresa.
Por ese motivo argumentar que se va a aumentar cobertura por las inversiones de un actor monopolístico –tal y como lo ha hecho el Ministro de las TIC para su programa Vive Digital– es un contrasentido. Los actores dominantes tienen todo el incentivo para reducir el número de usuarios y así extraer rentas creadas por su posición dominante.
Por esta razón, solicitamos que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales analice detalladamente la subasta proyectada y dado su ofrecimiento de apoyo a la actividad legislativa y de control político del Congreso de la República, nos ayude a realizar una evaluación socio económica de la misma y su impacto sobre el desarrollo de la competencia en el mercado de telecomunicaciones y el bienestar de todos los colombianos. Un monopolio privado inhibe la modernización tecnológica y se traduce en un servicio más caro y malo para los usuarios, resultados negativos que en este caso se dan por el acaparamiento de un bien público estratégico como lo es el espectro electromagnético.
[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) (2012), Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México; OECD Publishing. ANEXO
EL ESPECTADOR
Los congresistas exponen “que si no se promueve la entrada de nuevos jugadores y por el contrario se reparte el espectro entre los actuales establecidos, no solo se perpetuará la actual concentración, sino más importante aún, se consolida el monopolio de Comcel-Claro, lo cual se traduce en efectos nefastos para la economía en términos de acceso a menores precios y mejor calidad de los servicios. Permitir que el actor dominante del mercado concentre mayor cantidad de un bien público escaso como lo es el espectro electromagnético fomentaría su uso ineficiente y va en contravía de la disposición constitucional que establece que el Estado debe “evitar las prácticas monopolísticas” en su uso.”
El siguiente es el texto de la carta:
Respetada señora Contralora:
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se alista a realizar la subasta del espectro para la prestación de servicios de internet de alta velocidad, conocida como tecnología de cuarta generación, 4G. Esta será la subasta de espectro más grande en la historia del país y definirá el futuro del mercado de telecomunicaciones.
En Colombia existen tres operadores celulares que concentran el 99% del mercado, donde COMCEL-Claro tiene un 65% de cuota de mercado y controla el 80% del tráfico de telefonía celular, lo que lo convierte en un quasi-monopolio privado. Esta situación, por ejemplo, hacer que sus márgenes de utilidad sobrepasen con creces el promedio de la industria tanto en Colombia como en el resto de América Latina. Dado su enorme poder de mercado, COMCEL-Claro fue declarado como tenedor de posición dominante en 2008 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
En México, la dueña de COMCEL-Claro tiene un porcentaje de participación en telefonía celular equivalente al que tiene en Colombia, por lo que también fue declarada dominante. Un estudio de la OECD de comienzos de este año, internacionalmente publicitado como el informe Gurría, estimó que entre los años 2005 y 2009 la falta de competencia en el sistema de telecomunicaciones mexicano tuvo un costo en el bienestar social de los mexicanos de 1,8% del PIB por año, para un total de US129.200 millones de dólares para ese periodo.
La pérdida de bienestar social de 1.8% del PIB anual se distribuye así:
-0,9% del PIB por la telefonía fija y
-0,7% por telefonía móvil y
-0,3% por banda ancha.
Quizás más importante, la pérdida en el bienestar social se descompone en:
-52% a cobros excesivos a usuarios actuales
-48% por subscripciones no realizadas.[1]
El estudio indica que la falta de competencia generó bajos niveles de inversión, baja calidad de servicios y altas tarifas para los consumidores, lo que a su vez redujo la entrada de usuarios.
Los suscritos senadores queremos manifestar la enorme preocupación que tenemos frente al proceso de subasta de 4G y el efecto que puede tener la entrega de espectro adicional a los jugadores existentes en un mercado con altos índices de concentración y falta de competencia. Creemos, señora contralora, que si no se promueve la entrada de nuevos jugadores y por el contrario se reparte el espectro entre los actuales establecidos, no solo se perpetuará la actual concentración, sino más importante aún, se consolida el monopolio de Comcel-Claro, lo cual se traduce en efectos nefastos para la economía en términos de acceso a menores precios y mejor calidad de los servicios. Permitir que el actor dominante del mercado concentre mayor cantidad de un bien público escaso como lo es el espectro electromagnético fomentaría su uso ineficiente y va en contravía de la disposición constitucional que establece que el Estado debe “evitar las prácticas monopolísticas” en su uso.
Solo a través de un estudio detallado se puede estimar cuantos consumidores han dejado de ingresar al sistema por la posición dominante de COMCEL-Claro en Colombia. Vale la pena recordar que en 2003, producto del ingreso de un nuevo operador (Ola, hoy Tigo), las tarifas por minuto en el mercado de la telefonía móvil tuvieron una significativa caída, pasaron de $1.800 en 1998 a $200 en 2005. Y en el caso de México, la mitad en la pérdida de bienestar social estaba asociada a un menor número de usuarios por la posición dominante de esa empresa.
Por ese motivo argumentar que se va a aumentar cobertura por las inversiones de un actor monopolístico –tal y como lo ha hecho el Ministro de las TIC para su programa Vive Digital– es un contrasentido. Los actores dominantes tienen todo el incentivo para reducir el número de usuarios y así extraer rentas creadas por su posición dominante.
Por esta razón, solicitamos que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales analice detalladamente la subasta proyectada y dado su ofrecimiento de apoyo a la actividad legislativa y de control político del Congreso de la República, nos ayude a realizar una evaluación socio económica de la misma y su impacto sobre el desarrollo de la competencia en el mercado de telecomunicaciones y el bienestar de todos los colombianos. Un monopolio privado inhibe la modernización tecnológica y se traduce en un servicio más caro y malo para los usuarios, resultados negativos que en este caso se dan por el acaparamiento de un bien público estratégico como lo es el espectro electromagnético.
[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) (2012), Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México; OECD Publishing. ANEXO
EL ESPECTADOR
