Reconzco que hoy en día es así como ud lo describe, pero esa situación no está acorde con los principios y derechos fundamentales al buen nombre, intimidad y otros.
Insisto en que no se le puede permitir a terceros consultar bases de datos de antecedentes penales así únicamente digan que “no es requerido por autoridades judiciales “. Eso va en contra de cualquier función resocializadora de la pena.
En mi opinión esos antecedentes siguen siendo datos personales que reposan en documentos públicos (en efecto) pero su circulación debe ser altamente restringida y no se deben pedir sino únicamente en caso de aspirar a un cargo público o de altísima trascendencia social como un colegio.
Pero como en este país todo es un relajo, ese vacío legal se mantiene y por eso todos creemos que es lógico, normal y natural pedir los antecedentes penales para hacer un negocio en mercado libre.