Por petición de algunos laneros preocupados por esto, quiero que debatamos este bochornoso incidente en la vida colombiana.
EN QUÉ CONSISTE EL ESCÁNDALO DRAGACOL
El escándalo de Dragacol se conoció en marzo de este año, a raíz de las denuncias en el Congreso del senador liberal de Bolívar Javier Cáceres Leal, quien dejó al descubierto irregularidades en la conciliación por 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. El ex ministro Mauricio Cárdenas fue citado al Senado para que explicara la conciliación.
En el debate se comprobó que se pagaron 1.224 millones de pesos de lucro cesante por la draga Josefina, que supuestamente estaba embargada. Sin embargo, la máquina estaba ejecutando otro contrato en Cartagena.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en la conciliación se cometieron anomalías que perjudicaron a las finanzas del Estado. Por eso, el pasado 12 de agosto dictó medida de aseguramiento contra once implicados. Sin embargo, se había abstenido de vincular al caso al hoy ex ministro Mauricio Cárdenas.
Por el mismo episodio, la Procuraduría General de la Nación tiene encartados disciplinariamente a otro grupo de servidores públicos.
Las denuncias de Cáceres señalaban que la firma Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, el río Magdalena y el canal de acceso al puerto de Buenaventura.
La firma argumentó que la parálisis de la draga Josefina se debió a daños en la embarcación, los cuales no pudieron ser reparados porque éstos debía cubrirlos el Ministerio. La siguiente es la actuación de cada uno de los servidores en el caso Dragacol: -Alfonso Campo Soto. Firmó, como ministro (e), el contrato 0098 del 11 de mayo de 1995 para el dragado y adecuación del río Magdalena por 6.794 millones.
-Juan Gómez Martínez. Firmó el 27 de diciembre de 1995 un otrosí para incrementar en un 30 por ciento el valor del anticipo del contrato 0098. Además, los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por 7.464 millones, y el 286 con el gobernador del Valle Germán Villegas, por 7.500 millones de pesos.
-Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa. Firmaron el contrato 217 del 17 del noviembre de 1996 cuyo objeto es el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por 400 millones. Estamos esperando que se den las etapas de defensa para aclarar mi participación. Es un procedimiento normal , dijo Espinosa.
-Rodrigo Marín Bernal. Inició una frustrada conciliación con Dragacol por cerca de 3.800 millones de pesos.
-Mauricio Cárdenas. Firmó la conciliación, cuando Dragacol amenazaba con demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca. Después pidió la nulidad del acto.
-Reginaldo Bray. Gestionó a nombre de Dragacol, de la que es gerente y dueño, la conciliación.
-Juan Alberto Páez, viceministro de Transporte. Hizo parte del comité de conciliación.
-Hugo Escobar. Actuó como abogado de Dragacol, en la firma de la conciliación.
Publicación
eltiempo.com
SecciónNación
Fecha de publicación 22 de diciembre de 1999
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-954589
EN QUÉ CONSISTE EL ESCÁNDALO DRAGACOL
El escándalo de Dragacol se conoció en marzo de este año, a raíz de las denuncias en el Congreso del senador liberal de Bolívar Javier Cáceres Leal, quien dejó al descubierto irregularidades en la conciliación por 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. El ex ministro Mauricio Cárdenas fue citado al Senado para que explicara la conciliación.
En el debate se comprobó que se pagaron 1.224 millones de pesos de lucro cesante por la draga Josefina, que supuestamente estaba embargada. Sin embargo, la máquina estaba ejecutando otro contrato en Cartagena.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en la conciliación se cometieron anomalías que perjudicaron a las finanzas del Estado. Por eso, el pasado 12 de agosto dictó medida de aseguramiento contra once implicados. Sin embargo, se había abstenido de vincular al caso al hoy ex ministro Mauricio Cárdenas.
Por el mismo episodio, la Procuraduría General de la Nación tiene encartados disciplinariamente a otro grupo de servidores públicos.
Las denuncias de Cáceres señalaban que la firma Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, el río Magdalena y el canal de acceso al puerto de Buenaventura.
La firma argumentó que la parálisis de la draga Josefina se debió a daños en la embarcación, los cuales no pudieron ser reparados porque éstos debía cubrirlos el Ministerio. La siguiente es la actuación de cada uno de los servidores en el caso Dragacol: -Alfonso Campo Soto. Firmó, como ministro (e), el contrato 0098 del 11 de mayo de 1995 para el dragado y adecuación del río Magdalena por 6.794 millones.
-Juan Gómez Martínez. Firmó el 27 de diciembre de 1995 un otrosí para incrementar en un 30 por ciento el valor del anticipo del contrato 0098. Además, los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por 7.464 millones, y el 286 con el gobernador del Valle Germán Villegas, por 7.500 millones de pesos.
-Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa. Firmaron el contrato 217 del 17 del noviembre de 1996 cuyo objeto es el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por 400 millones. Estamos esperando que se den las etapas de defensa para aclarar mi participación. Es un procedimiento normal , dijo Espinosa.
-Rodrigo Marín Bernal. Inició una frustrada conciliación con Dragacol por cerca de 3.800 millones de pesos.
-Mauricio Cárdenas. Firmó la conciliación, cuando Dragacol amenazaba con demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca. Después pidió la nulidad del acto.
-Reginaldo Bray. Gestionó a nombre de Dragacol, de la que es gerente y dueño, la conciliación.
-Juan Alberto Páez, viceministro de Transporte. Hizo parte del comité de conciliación.
-Hugo Escobar. Actuó como abogado de Dragacol, en la firma de la conciliación.
Publicación
eltiempo.com
SecciónNación
Fecha de publicación 22 de diciembre de 1999
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-954589