Los canales privados –Caracol y RCN– buscan que las empresas de televisión por suscripción les paguen por llevarlas en su oferta. La controversia apenas empieza.
Las aguas en el sector de telecomunicaciones siguen bastante agitadas. A las controversias en temas como la reversión de activos de Claro y MoviStar, los costos en el uso del espectro por 10 años, la eliminación de las cláusulas de permanencia y otras diferencias que existen entre jugadores, y el mismo Gobierno, se acaba de incorporar una más.
A inicios de este año, los representantes de los canales privados de televisión, Caracol y RCN, empezaron a enviar cartas a sus homólogos de Telmex –hoy bajo la marca Claro–, Telefónica, Une y DirecTV, con el fin de llegar a acuerdos para reglamentar la retransmisión de su señal, tanto en alta definición (HD), como en la estándar (análoga), en las parrillas de programación de los operadores de televisión paga.
En cuanto a la señal análoga estándar se remitió un borrador para iniciar una relación contractual que podría conducir a un cobro. Y en lo que tiene que ver con la señal HD, los canales privados argumentan que la autorización de retransmisión de la señal se encuentra vencida desde el 31 de julio de 2011 y el no cobro iría solo hasta finales de abril.
Los canales argumentan que ha habido beneficios mutuos. “Caracol representa para la televisión cerrada entre 20% y 25% de su participación de audiencia”, asegura Jorge Martínez, secretario general del canal. Este porcentaje puede ser muy parecido a la participación de RCN; es decir, ellos calculan que podrían tener cerca de 50% de la audiencia. Lo que buscan es dotar la relación entre los canales privados y los operadores por suscripción de un marco que le dé claridad a las reglas del juego.
La batalla jurídica
Sin embargo, lograr un acuerdo, a pocos meses de iniciarse el Mundial de Fútbol, no será una tarea fácil: no se trata de un tema nuevo y lo que se prevé es una profunda discusión jurídica. ¿Por qué?
Para los operadores de televisión por suscripción, la retransmisión de la señal de los canales abiertos nacionales, regionales y municipales corresponde a una obligación consagrada en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, según la cual ellos deben garantizarla, sin costo alguno para los suscriptores.
Según la interpretación de estos operadores, esta obligación ha sido reconocida en diferentes conceptos y pronunciamientos. “La Corte Constitucional se pronunció no solo respecto de la gratuidad para los suscriptores, sino también respecto de la ausencia de obligación de pago por parte de los operadores de TV por suscripción en favor de los canales de televisión abierta”, dice Hilda Pardo, representante legal de Telmex Colombia, en su carta a Caracol.
También hay argumentos relacionados con pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de que esta obligación fue impuesta en función del interés general sin que requiera alguna contraprestación. Y hasta se esgrimen conceptos de la extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
No obstante, los canales privados también tienen lista su artillería jurídica. Para ellos, el concepto de garantizar a los usuarios la recepción de los canales tiene dos alternativas posibles: o llegar a un acuerdo y entregarle la señal a los operadores, o –como lo menciona un acuerdo técnico de la CNTV– entregar a cada hogar un selector o switcher que le permita a los usuarios cambiar de cable o satélite a señal abierta simplemente oprimiendo un botón.
De hecho, para los canales privados esta decisión no se ha implementado para los usuarios de cable que se han acostumbrado a ver las señales de estos canales a través de la oferta de televisión por suscripción. Al cierre de 2012 se reportó un promedio mensual de 4’130.894 suscriptores.
Además, en un concepto de enero de este año, la Dirección Nacional de Derecho de Autor establece que “es incorrecto entender el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 o el acuerdo 10 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión, como una limitación al derecho conexo de los organismos de radiodifusión”. ¿Esto qué quiere decir a juicio de los canales? Que la ley protege la señal para que otros no la utilicen ni tengan un beneficio económico retransmitiéndola y sin reconocer el esfuerzo realizado por el canal en la producción de ese contenido. “Ese es el derecho conexo”, dice Martínez, de Caracol.
Y agregan que la misma Ley 680 dispone que la retransmisión debe ajustarse a las normas de derechos de autor y derechos conexos. Finalmente, se juegan otra carta jurídica. La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena –que rige la Comunidad Andina de Naciones– afirma que los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones. “Esta decisión andina tiene una categoría jurídica superior a la ley nacional y se consideran normas supranacionales”, agrega Martínez.
El entorno
Esta nueva controversia podría abrir la puerta para que otros canales consideren la posibilidad de empezar a cobrar. La discusión llega en momentos en que se registran cambios en el sector. Por un lado, tecnológicos, como la implementación de la televisión digital terrestre (TDT), que debe estar en operación total en 2019.
Las inversiones totales de Caracol en TDT superan los $80.000 millones. “Hoy –dice Martínez– son inversiones sin retorno porque seguimos vendiendo la misma pauta del sistema análogo”. Los canales privados se preparan para un escenario en el que con televisión digital aumentarían su oferta: pueden tener un canal en alta definición y al menos 3 o 4 canales digitales estándar.
Y, por otro, desde el punto de vista de volumen de ventas. Los ingresos de los canales privados –RCN y Caracol– estuvieron el año pasado en cerca de $1,3 billones, frente a más de $1,6 billones que se estima vendieron los operadores por suscripción.
En promedio, para los canales privados, cerca de 80% de sus ventas proviene de ingresos publicitarios y el otro 20% de exportación de sus realizaciones y de la explotación de derechos, como el fútbol. Sin embargo, hay reacomodos en materia publicitaria. La televisión pesa más de 50% de la torta publicitaria en el país, pero ya en el mundo hay una tendencia hacia otros medios virtuales, donde internet –por ejemplo– en Europa ya representa más de 30%. Además, la competencia por la publicidad aumenta y canales internacionales –como Fox o Disney– facturan unos US$50 millones.
Esta será una controversia difícil de resolver. Las dos partes tienen posiciones opuestas y ambas con argumentos jurídicos de fondo. El árbitro final será la junta directiva de la Antv.
El debate apenas se inicia, pero se anticipa que será una de las controversias más intensas de este año.
Fuente www.dinero.com
