Bueno la realidad entonces interprete mal mal lo que ley de todas maneras pido disculpas, ahora bien les dejo esto pra que lean y comentemos por que yo sigo diciendo que es un "ROBO OBLIGATORIO"
En al ámbito de seguridad social y la función administrativa causada por la simulada operación del SOAT, seguro que entre otras cosas fue abolido desde el 23 de diciembre del año 1993 por la ley 100, la cual posteriormente degradó en una captación masiva ilegal de dinero a las personas que adquieren esta póliza para su vehículo; recursos que siempre se muestran insuficientes y que el sistema de seguridad social no requiere, además comentan que el Fondo de Prevención Vial, organismo administrado por la aseguradoras, ha manipulado y acomodado la información a la opinión publica, y que fuera de esto, la misma entidad debió haber sido liquidada acorde con la ley 100 el 23 de diciembre de 2004. Investigando al respecto encontramos que en el año 1998 el parque de motos censado era de 959.521 unidades rodando, comparado con la cifra actual de 2´656.257, donde se pueden confrontar los diferentes resultados en cuanto a la accidentalidad en un rango de 100 mil motos y la reducción de los mismos índices con respecto al aumento del parque automotor con esto y al parecer aquí hay gato encerrado. No entendemos la presión del gobierno por aumentar el costo del SOAT y la confusión estatal en el manejo de estos recursos en cuanto al valor de las primas en las motocicletas, cuando los excedentes arrojan la impresionante cifra de 7 billones pesos y no se sabe qué pasa con ese dinero; de hecho cada año el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías) le gira al año a las Entidades Promotoras de Salud hasta 226 mil millones de pesos cuando estas reportan utilidades por 45 mil millones anuales, esto según datos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Ahora bien, si este proyecto de ley llegara a tener éxito y que los vehículos puedan transitar por el territorio nacional sin portar obligatoriamente el SOAT, el gobierno se verá en serios aprietos desde el punto de vista económico, pues sería la seguridad social la encargada de cubrir los gastos médicos que deriven de accidentes de transito, tal como lo dice y como debió ser hace 16 años según la ley 100 de 1993.
el SOAT, y es aquí donde se encuentra el impuesto disfrazado. El FOSYGA (Fondo de Solidad y Garantía) con su subcuenta ECAT, adscrita al Ministerio de la Protección Social recibe el 47% de cada SOAT que se paga, dinero que en el 2009 solo en rentabilidad produce mucho más de 1 billón y medio de pesos, y de los cuales finalmente las aseguradoras solo reciben cerca del 51%, ya que el 2% restante es destinado para otros fines como campañas educativas y de prevención de accidentes a través del Fondo de Prevención Vial. Observando las cifras de ventas de motocicletas en los últimos tres años, vemos que superan ampliamente a la cantidad de vehículos de servicio particular vendidos. Si actualmente el SOAT para una motocicleta de 100 C.C. tiene un costo de $275.400, que es superior al valor pagado por un carro con motor 2 litros de los que vemos rodar, tipo Renault, Chevrolet, Mazda, entre otros, y en su mayoría las motocicletas que más se venden son de 100 y 125 C.C. que pertenecen a colombianos de estratos sociales 2 y unos pocos al 3, quienes le inyectan capital a esa subcuenta ECAT para cubrir riesgos catastróficos de grandes calamidades que a diario vemos en los noticieros, ocurridos por diferentes causas, principalmente fenómenos de la naturaleza, donde el Gobierno Nacional orgullosamente sale a ofrecer ayudas económicas a los damnificados, temas que le correspondería cubrir al mismo gobierno a través, valga la pena decir, de otro impuesto diferente, pero no valiéndose de las clases más oprimidas y necesitadas de nuestro país, y aun así en sectores aislados del gobierno se sigue hablando del pago del peaje para las motocicletas. Ahora bien, en los medios como noticieros de T.V., titulares de primera página de los diarios y claro está en la radio, se volvió cotidiano hablar de las supuestas grandes cifras de accidentalidad de motociclistas, dando a entender con ello el gran perjuicio económico que ahora asumen las aseguradoras al tener que cubrir gastos clínicos, quirúrgicos y postoperatorios. Quien no sabe la realidad se pregunta: ¿Pero cómo así, y las aseguradoras qué hacen con todo ese dinero? Lo que no saben es que el 47% de este dinero va a parar a unas arcas del Estado que administra el Ministerio de la Protección Social, luciéndose el gobierno con la plata de los más pobres
Texto sacado de la revista publimotos por Alejandro Rubio
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