Marzo 6: Marcha contra el Paramilitarismo y el Terrorismo de Estado

RAÚL ALEJANDRO RIAÑO RUBIANO, estudiante de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital y quien trabajaba en una empresa familiar de transporte de carga, fue secuestrado por las Auc el 25 de agosto de 2005 en la carrera 30 con Avenida Primero de Mayo en Bogotá. Para entonces los paramilitares ya habían decretado el cese de hostilidades.

La familia de Rubiano, quien en la fecha del secuestro tenía 25 años, tuvo noticias de él un mes después cuando un tío recibió una llamada y al otro lado de la línea oyó una voz ronca que le decía: "Muchos saludos de Raúl y que por favor colaboren y hagan lo posible para vender todo lo que tengan y reúnan 5.000 millones de pesos para entregárselos. Por lo pronto pedimos un adelanto de 50 millones para mandarles pruebas de supervivencia y mantenerlo con vida".

La historia la cuenta Sandra Riaño, hermana de Raúl. Su familia siempre le temió a la guerrilla porque en el 2000 llamaron las Farc para extorsionarlos. "No lo volvieron a hacer y quedamos tranquilos -afirma-. ¡Qué sorpresa nos llevamos cuando supimos que los secuestradores eran paramilitares!". Acudieron al Gaula para pedir apoyo y a los pocos días de la llamada recibieron un carné y unos documentos como prueba de supervivencia. "La Policía nos dijo que las llamadas las hacían desde Villavicencio -relata mientras mira la fotografía más reciente de su hermano-. Allí encontraron la camioneta negra que conducía el día que se lo llevaron y eso les hizo pensar que podría tenerlo el bloque Centauros que no se desmovilizó, pero nosotros no descartamos que sea otro bloque. El problema es que no han vuelto a llamar".
Desde entonces la familia Riaño no sabe nada de Raúl, pero pese al silencio de los secuestradores Sandra no pierde la fe. No ocurrió lo mismo con la madre, Carmenza Rubiano, quien no aguantó el secuestro del hijo y murió el 18 de febrero de 2007. "Mi mamá empezó a decaer, se le bajaron todas las defensas y eso le aceleró una hipertensión pulmonar -cuenta Sandra-. Antes de morir nos dijo que sentía que Raúl estaba muerto, que ya no se iba a reunir con él y no valía la pena seguir luchando".
Sandra mandó hacer afiches y camisetas con la fotografía y el nombre de su hermano para marchar el 6 de marzo contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas. "Espero que mi caso tenga eco al menos en el corazón de los secuestradores -dice-. Aunque no estamos preparados para lo peor, para recibir un cadáver. Necesitamos una señal de que está vivo...o muerto".

Única pista
El 27 de julio de 2001, hombres de las Auc al mando de Gato citaron a varios habitantes de Cabuyaro, Meta, a una reunión en una finca en la vereda de La Embajada. Debían presentarse el 28 a las 8:00 a.m. Entre los convocados estaba William Hernando Murad Sánchez, de 51 años, padre de dos hijos y trabajador de la Alcaldía. Su esposa Leonor recuerda que esa noche lo pensó mucho: "William me dijo: 'El que nada debe nada teme y si no voy es peor porque vienen y me sacan". Por eso madrugó, se montó en la bicicleta de su hija y partió a cumplir la cita en la finca que los paramilitares se habían tomado meses atrás y que tenían de base. Fue el único habitante de Cabuyaro que decidió asistir a la reunión.

Sus familiares dicen que averiguaron y que les dijeron que nadie oyó gritos ni disparos, que no hubo torturas en la finca. Desde entonces, su madre y su hermana emprendieron su búsqueda, se entrevistaron con jefes de las Auc de la región, incluído Gato, quien les dijo: "Aquí no hemos mandado a llamar a nadie, no pregunten por él".
Pero las dos mujeres siguieron preguntando de finca en finca y luego acudieron a la Policía que se negó a ir al sitio. "La única pista que tenemos es el testimonio de Emilio, el dueño de la finca, que nos dijo que William salió vivo de ahí, que lo tuvieron en la noche y le dieron comida, y que luego el Gato se lo llevó para la escuela y lo tuvo también allá", relata su hermana Aydeé. Teresa, la madre, interrumpe y agrega un detalle a la historia: "Don Emilio contó que Gato se quedó con el reloj de mi hijo".

Las dos mujeres creen que secuestraron a William y por eso esperan que alguna de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados les dé una clave. "Sabemos a donde quién acudió pero van a cumplirse siete años y nada que lo devuelven -afirma Aydée-. Como abogada he acudido a todas las instancias judiciales posibles pero nadie me da razón". Más grave aún, Teresa recibió una llamada en su casa en Bogotá: "Me dijeron que no volviera por allá y que no preguntara tanto y colgaron". Desde entonces pararon la búsqueda.

Mientras tanto, en Cabuyaro, corría el rumor de que William podría ser "un finado" -muerto- que tiraron a una laguna llena de pirañas. Aydeé, sin embargo, hace oídos sordos y sigue esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía. "No es un muerto hasta tanto no haya cadáver -dice-. Esa batalla la voy a dar, sobre todo porque sueño con él y me dice: '!Pendeja!, ¿usted por qué no hace nada por mí y me busca?".
En San Juan de Arama, Meta, el 11 de mayo de 2002, dos hombres y una mujer de las Auc bajaron de un bus de la flota Macarena a Pedro Octavio Franco Bernal, de 36 años, padre de dos hijos, cuando viajaba de Bogotá a Vistahermosa donde trabajaba como técnico de la secretaría de Agricultura. "Se lo llevaron y no han llamado todavía -afirma su madre, Marina-. Digo que está secuestrado porque no veo otro motivo, pero me llegó una razón de que lo tuvieron un tiempo y luego lo mataron y lo tiraron a la laguna de Los Muertos que queda ahí en San Juan de Arama. En País Libre me insisten en que puede estar desaparecido porque en estos seis años no ha habido una sola llamada".
Las historias de Raúl, William y Octavio no son las únicas. Hay muchas más pero sus familiares no revelan sus nombres por temor. "Nosotros pagamos el rescate y ya nos dijeron que está muerto -le dijo a CAMBIO la esposa de un comerciante-. No nos han devuelto el cadáver". Otra víctima cuenta: "Una gente del Bloque Central Bolívar nos secuestró un tío, nos pidieron la finca y dos apartamentos que teníamos en arrendamiento ¿Quién se les enfrentaba?"

Los motivos
Cuando se habla de secuestro se asocia por lo general con la guerrilla, pero según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad, que reúne las estadísticas de los organismos de inteligencia en materia de secuestro, entre 1996 y 2006 las Auc secuestraron a 1.163 personas.

Las Auc, pues, no sólo son culpables de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, crímenes atroces, desplazamientos y usurpación de tierras. También son responsables de secuestros con fines extorsivos, por motivos políticos o para obtener favores de los allegados de sus víctimas. E incluso para el reclutamiento forzado de niños -según las autoridades 99 en los últimos 10 años- y también con fines sexuales.

Uno de los más sonados casos de secuestro con fines políticos fue el de Víctor Ochoa Daza, dirigente político de Cesar, quien en febrero del año pasado aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que fue secuestrado por Jorge 40 en enero de 2002, como parte de una estrategia para modificar el mapa electoral de la región, instigado, según él, por el senador Álvaro Araújo, hoy detenido en el proceso de la parapolítica. "Mi secuestro durante 80 días hizo parte de aquel pacto con el diablo que llevó a Alvarito Araújo a convertirse en la primera fuerza electoral del Cesar", declaró Ochoa, quien fue secuestrado el 13 de enero de 2002, cuando iniciaba un recorrido por sus fincas, aunque posteriormente la Fiscalía le retiró al senador el cargo de determinador del secuestro.

Ochoa recuerda que eran las 8:30 a.m., cuando un miembro de un grupo armado que le salió al paso le dijo: "Me lo tengo que llevar, es orden de Comando 40". Danilo, el primer responsable de su custodia, le advirtió que debía prepararse para un largo secuestro. "Esta es una cuestión política y usted ya debe saber que el comando 40 no da pie atrás en nada", le dijo. En ese momento, Ochoa recordó que el 3 de enero Jorge 40 había hecho renunciar a los miembros de la mesa directiva del Concejo de Valledupar y que sus hombres difundieron la versión de que las listas de aspirantes al Congreso pasarían por su cedazo.

Esta historia desencadenó un escándalo que produjo la renuncia de la entonces canciller María Consuelo Araújo, hermana del senador hoy en arresto domiciliario e hija de Álvaro Araújo Noguera, quien hoy huye de la Justicia por el mismo caso.
Otros secuestros con fines políticos fueron admitidos en versión libre por Salvatore Mancuso: el de Leonor Palmera, hermana de Simón Trinidad, secuestrada entre 1996 y 1997; el de Hilda Rodríguez, hermana de Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, jefe del Eln, secuestrada con su esposo Libardo Acevedo en 1997, ambos asesinados en cautiverio, y los de los senadores Zulema Jattin y Juan Manuel López Cabrales, secuestrados en 2000.

Los colombianos también recuerdan los secuestros de la senadora Piedad Córdoba, secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden de Carlos Castaño y liberada en Necoclí el 4 de junio de 1999, y el del ex senador Jorge Eduardo Gnecco secuestrado en Magdalena por el Bloque Norte el 27 de junio de 2004 y liberado tres días después, porque el caso puso en jaque el proceso con las Auc.

En cuanto a los secuestros de tipo extorsivo, el único hecho público fue el del venezolano Richard Boulton, hijo del empresario de aviación Henry Boulton, secuestrado el 15 de julio de 2000 y liberado en 2002 tras el pago de un rescate de cuatro millones de dólares.

Hasta ahora son pocos los que pueden contar el cuento, pues como el mismo Mancuso lo reveló en enero del año pasado en una diligencia ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, "no teníamos secuestrados, los retenidos fueron dados de baja en su mayoría", dijo con frialdad. Los justificó con el argumento de que eran guerrilleros o auxiliares de la guerrilla. Nunca se sabrá la verdad.

Y los demás, que según Fondelibertad son 254, ¿dónde están? "No se sabe si murieron o si están en alguna parte", responde Harlan Andrés Henao, director de Fondelibertad. Una respuesta que no satisface a las familias que no descansarán hasta saber cuál fue la suerte de sus seres queridos. Si están vivos, quieren que se los devuelvan. Si están muertos, que les digan dónde están los cadáveres para sepultarlos y hacer el duelo.
Henao confía en que la ley de Justicia y Paz sirva para establecer la verdad sobre los secuestrados-desaparecidos, y en que las versiones libres den algunas pistas. Y así lo han hecho: hasta ahora los jefes desmovilizados han confesado 39 secuestros. Falta cotejar si los nombres coinciden con los de la lista de los 254 que tienen País Libre y Fondelibertad.

La mayoría de los plagios ocurrieron en zonas de fuerte presencia paramilitar y según las autoridades es posible que haya subregistro, pues por cada caso denunciado se calcula que dos habrían quedado en silencio. El Gaula logró rescatar 187 de los 1.163 secuestrados, 13 se fugaron y 129 familias recibieron un cadáver, algunas después de haber pagado un rescate.

Según Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, "hubo negligencia en el momento de las desmovilizaciones a la hora de preguntar por esos secuestrados". El mismo Mancuso reconoció en una entrevista con la experta en justicia transicional Natalia Springer, que nunca se verificó la situación de los ¿según él¿ más de 550 individuos registrados como "secuestrados por las autodefensas".

En Colombia, sin embargo, de los secuestrados por las Auc no se habla y la mayoría de las familias callan por temor a ser señaladas de tener nexos con grupos guerrilleros o por miedo a represalias de integrantes de ese grupo armado. "En el país estigmatizan mucho a personas como nosotros, que tenemos un secuestrado por los paramilitares ¿le dijo a CAMBIO la hermana de uno que lleva nueve años a la espera de que al menos le digan dónde está el cadáver¿.Sabemos quién y por qué se lo llevaron, pero estas alturas desconocemos por qué no lo devolvieron".

Responsabiliza al bloque Norte de las autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar, Jorge 40, y advierte: "Lastimosamente nos ha tocado sentir el comentario silencioso de que si se lo llevaron es porque debía algo, existe una cierta complicidad de la sociedad con los paramilitares".

Olga Lucía Gómez, insiste: "Aquí no puede haber víctimas de primera y de segunda, el secuestro es repudiable cometa quien lo cometa y la preocupación es por todos los secuestrados, de la guerrilla y de los paramilitares, para que les resuelva la situación a esas familias que no saben qué esperar".

EN JUSTICIA Y PAZ
En la Fiscalía están REPORTADAS 306 VÍCTIMAS de secuestro de las Auc, de las cuales 113 corresponden a casos extorsivos. Según los investigadores será difícil encontrar vivo a alguno de ellos, pues en las versiones libres los desmovilizados han confesado haber asesinado a los "retenidos". Por ejemplo, Freddy Rendón, El Alemán, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, reconoció el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Jorge y Rodolfo Yabur Espitia, en Dabeiba, Antioquia, el 29 de abril de 2005.

Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada, ex jefe de las Auc en el sur de Cesar, reveló que sus hombres secuestraron y asesinaron al ex agente del DAS Henry Ancízar Vanegas el 16 de diciembre de 1994. El cadáver fue desaparecido por uno de sus hombres.

Arley Hernando Benítez, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, contó que la orden era matar a los que secuestraban, y dijo que en San Félix y en El Bosque, cerca de Medellín, estuvieron secuestrados Hernán Eusebio Tovar y Joana Janeth Mosquera y que la orden era ejecutarlos.

Haz clic para expandir...

'Paras' usaron serpientes venenosas para matar a sus víctimas, reveló desmovilizado a la Fiscalía Foto: Alfonso Cervantes / EL TIEMPO
José Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', comandante del bloque 'William Rivas' de las autodefensas.

'Carlos Tijeras' aseguró que la orden de hacerlo la dio 'Jorge 40' en el 2003. Dijo que se acudía a este método cuando mataban a más de tres personas para que no se contabilizara como masacre.

"Como el Derecho Internacional Humanitario dice que después de tres muertos se habla de masacre, el propósito era que no nos achacaran tantas masacres, entonces utilizábamos culebras, y estas muertes se contaban como accidentes de la naturaleza", le dijo José Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', a la Fiscal Deicy Jaramillo.

"Pero había masacres que teníamos que hacer, por eso se usaron las culebras. También levantábamos una o dos víctimas y la llevábamos a otro lugar distante del primer hecho para que apareciera como otro caso, pero esto era doble trabajo para el personal, y recurrimos a las culebras", agregó con voz serena.

Paradójicamente, Mangones dijo también que el número de masacres que podía hacer su grupo no le preocupaba tanto con respecto al Derecho Internacional Humanitario, sino por respeto a la sociedad, a las comunidades.

"No quería aparecer dando de baja a mucha gente en unas comunidades que ya nos habíamos ganado", agregó.

'Carlos Tijeras' mantuvo durante la audiencia de ayer un contrapunteo con la representante del ministerio Público, Diana Cardona, quien lo requirió dos veces para que no utilizara la frase 'dar de baja'.

"Usted estaba en un grupo al margen de la ley, y según el Código Penal eso a que se refiere es un homicidio, un asesinato. Por favor, cuando se refiera a homicidios no diga dar de baja, eso es ofender más a las víctimas", le dijo la funcionaria.

Tijeras respondió que él no se consideraba un sicario a sueldo (sic).

"Yo tengo mis principios, mi ideología de autodefensa y no voy a cambiarla, por lo tanto siempre hablaré de dar de baja. Si antes usaba las armas, ahora utilizo las ideas", precisó el ex paramilitar.

Mangones Lugo reconoció en la diligencia de ayer 400 homicidios, que se suman a los 320 que admitió en la versión pasada.

El 'Bloque Norte' al que pertenecía 'Tijeras' y que operaba en los departamentos de la costa Atlántica, contabiliza 18.000 víctimas, el mayor número de todos los grupos de autodefensas que operaron en el país, dice un informe de Fiscalía.

Otros crímenes atroces revelados por desmovilizados
Como antecedente a lo dicho ayer por 'Tijeras' está la versión de John Jairo Esquivel Cuadrado, alias 'El Tigre', contra quien pesan tres condenas de 40 años cada una, por tres masacres.

'El Tigre' reconoció que descuartizó víctimas y las tiró al río Cesar. "Nos tocó coger a mucha gente, picarla, y lanzarla al río... eso lo hacíamos para no calentar la zona, para que no llegara la Fiscalía, la Policía o el Ejército a averiguar cosas y nos dañara el funcionamiento".

Aceptó que daba las órdenes, y que en otras actuó personalmente. Explicó que 'picar gente' consistía en "dar de baja a enemigos, luego descuartizarlos y botarlos al río Cesar".

Wilson Salazar Carrascal, alias 'El Loro', dio muerte a garrotazos a la candidata a la alcaldía de San Alberto (Cesar) Aída Cecilia Lasso.
En el mismo hecho (21 de junio de 2002) mataron a la hija de esta Cindy Paola Rendón.
El mismo 'Carlos Tijeras' reconoció ayer que ordenaba muertes diciendo. "Me trabajan con silenciador", que significaba utilizar armas cortopunzantes.

También admitió que mató "a más de uno" con un palo que cargaba en su escondite.

Haz clic para expandir...