Servicios Centrales de riesgo [DataCrédito / TransUnion]

A la iniciativa le restan solo dos debates en la Cámara de Representantes, pero faltan menos de 15 días para que termine este período legislativo.

El debate sobre la iniciativa legislativa que propone un borrón y cuenta nueva para que los morosos salgan de los reportes negativos de las centrales de riesgo —bases de datos de entidades privadas que registran la vida crediticia de personas y empresas— está en vilo. Pese a que el Senado aprobó el proyecto de ley estatutaria que reformaría la Ley de Hábeas Data Financiero, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aún no la somete a discusión.

De hecho, hay una gran posibilidad de que ni siquiera pueda ser debatida, dado que en menos de 15 días termina el actual período legislativo y los proyectos del Gobierno con mensaje de urgencia y las comisiones conjuntas serían la prioridad, según manifestó Gabriel Santos, presidente de dicha comisión. Sin embargo, no por eso es un tema menor. En realidad, ha sido una de las iniciativas que más han llamado la atención de los colombianos, aunque solo el 8 % de ellos estén en mora con sus deudas, según Datacrédito, la central de riesgo más grande del país. ¿En qué va la disputa política?

Aunque sin impulso, la ponencia para negar el proyecto aterrizó en la cámara baja el pasado 21 de mayo. En ella, José Uscátegui, representante del Centro Democrático y autor del informe, expresó que aprobar la iniciativa sería a todas luces inconveniente. No obstante, argumentó que en caso de hundirse debería ser porque la corporación no logró un consenso, “no por falta de tiempo”.

Para Uscátegui, son varias las preocupaciones que se desprenden de este proyecto presentado por los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguil, del Conservador. El congresista uribista afirmó que no vio “tanto problema” en la amnistía para que las personas que paguen sus deudas dentro de los primeros seis meses de vigencia de la ley salgan de los reportes negativos. Pero, de los 11 puntos que propone el articulado, dos son inviables a su juicio: la caducidad del dato negativo y las notificaciones como forma de avisar a los colombianos que presentan moras en el sistema crediticio.

Por un lado, la caducidad del dato se refiere a la rapidez con que una persona reportada en una de las diez centrales de riesgo (como Transunión o Procrédito) podría salir de la lista negativa. Para Uscátegui, la propuesta de los senadores de disminuir de cuatro a dos años el tiempo que una persona morosa permanece en ese listado es contraproducente. “Eso es negativo porque, si sacamos a los morosos de esas bases de datos, todo el mundo quedará aparentemente con información positiva y los bancos y las entidades no financieras —como Flamingo— no van a diferenciar a los deudores que pagan a tiempo de los que no”, dijo.

Según el representante, la falta de información desembocaría en un mayor riesgo para ese tipo de entidades prestamistas, lo que las llevaría a aumentar las condiciones antes de entregar un crédito y haría más difícil que las personas accedan al recurso financiero, porque “si no hay historial de pago ni antecedentes, las entidades no van a prestar o lo harán a una tasa más alta, para administrar el riesgo”.

Del otro lado, Uscátegui aseguró que el apartado del proyecto en el que se reemplaza la palabra “comunicar” por “notificar” no solo altera la redacción de la ley, sino que ralentiza el proceso para que las personas sepan que están reportadas. “Hoy les tienen que informar que entrarán a la lista negativa y a veces se hace a través de los extractos bancarios. Pero si aprueban el proyecto tendrían que notificarlas judicialmente y eso hace todo más engorroso, porque debe hacerse de forma presencial o por un correo certificado. Es un proceso que se podría ir hasta seis meses”, dijo.

Para Gabriel Santos, el proyecto es nefasto, populista y busca réditos políticos: “La propuesta detrás del proyecto es populismo y le llega al corazón a la gente. Sigue fortaleciendo esa enemistad que hay entre el sector financiero en Colombia y los colombianos más necesitados y que se basa en el desprestigio del sector financiero y no financiero, vínculo esencial para las personas menos favorecidas en Colombia”.

Santos enfatizó que el peor de los “efectos nocivos” de la iniciativa es que, al final, las personas de estratos más bajos que necesitan de los créditos quedarían excluidas de la vida crediticia. “Las entidades financieras y no financieras les podrán prestar, pero no lo van a hacer, porque ¿cómo van a mitigar el riesgo sin información de los deudores? Eso es casi la normalización del gota a gota”, aseguró.

Y expresó que modificar la caducidad de los datos incentiva una “cultura del no pago” porque el proyecto también dicta que en vez de 10 sean cinco los años para que prescriba la deuda de una persona que nunca saldó su pasivo. “Si se elimina la deuda, ¿Por qué la pagarías? No solo habría una extinción judicial de la deuda, sino que se borra el dato”, dijo.

Sobre estos argumentos, Barguil recordó que son días decisivos para una moción que tuvo el apoyo unánime del Senado. “Queremos pedirles a los representantes de la Comisión Primera de la Cámara que voten de manera positiva y les demos una segunda oportunidad a los colombianos que, por perder el trabajo o tener algún problema con su negocio, fueron reportados y quedaron por fuera del sistema crediticio”, solicitó.

Asimismo, Velasco señaló que la argumentación de Santos y Uscátegui “es la misma de la asociación bancaria”. “La Ley de Hábeas Data de 2008 fue de mi autoría y en ese momento incluía exactamente el punto de borrón y cuenta nueva. No se encareció el crédito, ni se quebraron los bancos, ni se acabó el crédito. Todas las desgracias que pronostican Asobancaria, Santos y Uscátegui no ocurrieron. No hay mejor demostración que la evidencia. Logramos que más de un millón de usuarios reactivaran su crédito y así mismo la economía, como lo reconoció el Banco Mundial”.

Pese a esto, es casi que seguro que el proyecto se hundirá. Aunque Santos, presidente de la comisión, intentará que se debata, dijo que no se dejará presionar y les dará prioridad a las propuestas del Gobierno. Si es sometida a discusión el martes próximo, la iniciativa solo podrá aparecer de nuevo en el siguiente período legislativo.